En un fallo que representa un importante respaldo para los trabajadores, el juez laboral Ariel Brest hizo lugar a una medida autosatisfactiva presentada por un grupo de exempleados de la empresa Alal y ordenó a la firma depositar 142 millones de pesos en el Banco de Corrientes en un plazo de diez días. La resolución judicial busca garantizar el pago del 50% de las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores despedidos, ante la mora de la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
La empresa había comunicado a los empleados despedidos que abonaría solo la mitad de la indemnización prevista por ley, pero hasta el momento no efectuó ningún pago, lo que motivó la intervención de la Justicia. Además del depósito millonario, el magistrado dispuso el embargo de bienes de la compañía por el monto reclamado, estableciendo que, en caso de incumplimiento, los bienes embargados podrán ser rematados para asegurar que los trabajadores perciban al menos una parte de lo que les corresponde legalmente.
Si bien esta resolución garantiza un cobro parcial, los trabajadores continuarán con el proceso judicial para reclamar el pago total de las indemnizaciones adeudadas. El caso, que se inscribe en un contexto de alta conflictividad laboral, pone nuevamente en debate la responsabilidad empresarial frente a despidos masivos y destaca el rol fundamental de la Justicia en la protección de los créditos laborales de los trabajadores.