La Secretaría de Inteligencia de Estado quedó fuera de los ajustes en las partidas oficializadas en el Boletín Oficial el 11 de mayo para prácticamente todos los organismos de la administración pública nacional. Tiene un presupuesto de $ 97 mil millones, de los cuales $ 19 mil millones son para gastos reservados. Son precisamente estos gastos los que, a partir de la semana pasada, quedaron bajo el control de una comisión legislativa presidida por Sebastián Pareja, hombre de confianza de Karina Milei.
El 11 de mayo, con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, la decisión administrativa 20/2026 oficializó una reducción del presupuesto nacional en $ 2,8 billones para 211 programas, entre ellos algunos claves en materia de salud y educación. Pero de los recortes que impactaron en prácticamente todos los ministerios y organismos, la gran ausente fue la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que mantuvo sus recursos en $ 97 mil millones, $ 19 mil millones de ellos destinados a gastos reservados: es decir, fondos cuyo uso y fin no son públicos por razones de seguridad.
Durante esa misma semana la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, logró imponer como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de Organismos y las Actividades de Inteligencia a un hombre de su confianza, el diputado Sebastián Pareja. Desde ahora tendrá bajo su responsabilidad nada más y nada menos que la comisión que se ocupa de examinar los gastos reservados que ejecuta la SIDE: en lo que va del año, según verificó PERFIL en el presupuesto abierto, el organismo a cargo de Cristian Auguadra devengó $ 3.796 millones en este ítem, $ 1.320 millones de los cuales se gastaron en los últimos dos meses.
Las sospechas sobre el destino de este dinero por el que no se rinden cuentas públicas se agudizaron con las dudas sobre el origen del patrimonio de Manuel Adorni. “No tengo dudas de que hay sobresueldos”, afirmó a PERFIL Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Cívica. “Se podrían estar pagando a través de transferencias cripto a los funcionarios, gastos reservados de SIDE y contratos de consultoría de algunas empresas públicas del Estado nacional”.
Además de fiscalizar los gastos reservados de la SIDE, la comisión del Congreso tiene la facultad, otorgada por la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), de controlar e investigar de oficio todas las acciones vinculadas con esta Secretaría: puede emitir opiniones sobre cualquier proyecto legislativo vinculado a las actividades de inteligencia, intervenir en la elaboración del presupuesto nacional destinado al organismo, y es la encargada de elaborar anualmente un informe reservado con los resultados de esa fiscalización.
El 12 de mayo la comisión quedó conformada por cinco miembros del oficialismo –además de Pareja, los diputados Gabriel Bornoroni, César Treffinger, y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche–; tres de Unión por la Patria –los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez–; dos del PRO –el senador Martín Goerling y el diputado Cristian Ritondo–; el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras Carolina Moisés (Convicción Federal) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).
La evolución de los gastos de la SIDE
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei el presupuesto total de la Secretaría de Inteligencia (durante la gestión anterior Agencia Federal de Inteligencia) creció un 546%: (pasó de los $ 15 mil millones a los $ 97 mil millones actuales), 325 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y abril de 2026 (del 221,6%, según el Indec). El monto asignado a gastos reservados, en tanto, creció mucho más: escaló de los $ 640 millones a los $ 19 mil millones para este año, un 2.823%.
En personal, la SIDE ya ejecutó $ 20 mil millones de los $ 56 mil millones que tiene disponibles: para esto los recursos acumulan un crecimiento del 366% desde 2023.
En cuanto al nivel de ejecución de los recursos asignados, para abril, de acuerdo con el análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la Administración Pública Nacional (APN) mostró una caída real del gasto total del 32% en comparación con igual período de 2023. En este contexto, explican en un informe, “la Secretaría de Inteligencia de Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, registra un incremento real del 25% en su ejecución”.
A mayo, de acuerdo con los datos abiertos del Gobierno, la ejecución presupuestaria de este organismo llegó al 29%, un porcentaje superior al de otros programas sensibles como el de atención médica a las personas con discapacidad (10%); y mayor a 62 de los 91 programas que dependen del Ministerio de Salud.
Los presupuestos que bajaron
Fue precisamente la cartera de Mario Lugones la que registró una de las caídas presupuestarias más pronunciadas: de $ 70 mil millones, según el análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Los principales perjudicados fueron los programas de fortalecimiento de sistemas provinciales de salud (con $ 25 mil millones menos), y el de acceso a medicamentos, insumo y tecnología médica, con una reducción de $ 20 mil millones.
Por estos recortes esta semana también se convocó a una marcha federal por la salud pública, de la que participaron miles de personas entre trabajadores sanitarios, organizaciones de pacientes, sindicatos y universidades. Mientras el área sufre recortes, el Instituto Argentina Grande informó –en base a cifras oficiales– que más de 740 mil personas perdieron su cobertura privada de salud desde el inicio de la actual administración, con lo que los servicios públicos provinciales vieron un incremento en su demanda.
No solamente en salud el fortalecimiento de los sistemas provinciales pierde importancia en el presupuesto. El Ministerio del Interior fue el que más recursos perdió en porcentaje: un 38% de una sola vez, unos $ 320 mil millones. Los créditos estaban orientados principalmente a los Aportes del Tesoro Nacional.
LT