La Casa Rosada volvió a poner a las provincias en el eje de la negociación política y económica. Entre el nuevo consenso fiscal y otro paquete de leyes que llegó al Congreso, Corrientes deberá definir hasta dónde acompaña el plan de Milei sin resignar reclamos históricos.
La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores volvió a ingresar en una etapa de negociación intensa. Después de varios meses en los que el Gobierno nacional apostó a disciplinar a las provincias mediante el ajuste fiscal y la reducción de transferencias, la administración de Javier Milei necesita ahora reconstruir mayorías parlamentarias y abrir una nueva instancia de diálogo político con los mandatarios.
En ese esquema aparece el intento de avanzar hacia un nuevo consenso fiscal y, al mismo tiempo, asegurar respaldo para el paquete de leyes que el Ejecutivo ya envió al Congreso.
En ese tablero, Corrientes vuelve a quedar frente a una definición acompañar parcialmente la estrategia nacional para no romper canales de negociación con Nación, pero sin abandonar demandas estructurales vinculadas a recursos, energía, obras y compensaciones económicas.
El movimiento político quedó explicitado esta semana con las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó conversaciones con gobernadores para impulsar un nuevo acuerdo fiscal entre Nación, provincias y municipios. El objetivo oficial apunta a reducir tributos considerados parte del denominado “costo argentino”, especialmente Ingresos Brutos y tasas municipales.
La propuesta revive parcialmente el espíritu del consenso fiscal firmado durante la gestión de Mauricio Macri en 2017, aunque en un contexto político y económico mucho más complejo. A diferencia de aquella etapa, hoy las provincias llegan con menores márgenes financieros, caída de actividad económica y fuerte dependencia de sus recaudaciones propias.
Allí aparece uno de los puntos más sensibles para Corrientes. La provincia sostiene desde hace años un discurso de presión tributaria moderada y competitividad regional, pero al mismo tiempo necesita sostener ingresos para afrontar salarios, obra pública y servicios básicos en un contexto nacional de retracción económica. El eventual debate sobre Ingresos Brutos impactaría directamente sobre la estructura de financiamiento provincial.