La investigación también tiene como imputada a su secretaria, Iara Guinsel Acosta. Ambos se negaron a declarar.
Inició el juicio oral y público contra el exsenador nacional Edgardo Kueider. Juan Pablo Pino. EFE
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción, Paraguay, inició el juicio oral y público contra el exsenador nacional Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Acosta por el delito de tentativa de contrabando de divisas. Tanto Kueider como Acosta se negaron a declarar en la apertura del juicio, mientras que el fiscal Ysrael Villalba ratificó la acusación.
La audiencia inició a las 8 de la mañana en la sala 10 de la Torre Norte de la Justicia en la capital paraguaya y fue presidido por la jueza Elsa García, junto a los magistrados Adriana Planás y Matías Garcete.
El ex senador y su empleada están detenidos con prisión domiciliaria en Asunción desde fines de 2024, cuando fueron interceptados el 4 de diciembre de 2024, en el Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, con una mochila oculta en su auto, que contenía más de 200 mil dólares, 640 mil guaraníes y casi 4 millones de pesos argentinos, todos sin declarar.
En la primera audiencia, el fiscal Ysrael Villalba repasó las pruebas de la elevación a juicio y adelantó al Tribunal que podría aportar nueva prueba para ampliar la acusación sobre otras modalidades de contrabando que contempla la legislación paraguaya.
Por su parte, los abogados de Kueider, Marcelo Bogado y Carlos Arévalos Girett, no realizaron planteos de forma y se limitaron a escuchar la audiencia. Tanto el exsenador como su secretaria se negaron a declarar, pero anticiparon que lo harán durante las audiencias.
El juicio oral inició con dos meses de demora, ya que había sido programado para abril, cuando en diciembre del año pasado la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por la defensa de Kueider y su secretaria.
En Paraguay, la pena máxima prevista para el delito de contrabando en grado de tentativa es de dos años y medio. En paralelo, el exsenador argentino carga con un reclamo para tramitar su extradición a la Argentina, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito dentro de la causa “Securitas”, que lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado.
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