El edil justicialista goyano cruzó al Gobierno por el proyecto de ley de tierras y el vaciamiento del INTA, el INAFCI y el Senasa. “El desierto financiero reemplazará al campo productivo si no frenamos esta avanzada”, advirtió.
Goya, 4 de agosto de 2026 – El concejal justicialista Marcos Damián González encendió todas las alarmas políticas al denunciar lo que calificó como “un plan sistemático de desarraigo rural” impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El edil entrelazó la crítica al proyecto de ley de extranjerización de tierras con el desmantelamiento de los organismos de apoyo al pequeño productor, y trazó un panorama desolador:
“Estamos ante la mayor transferencia de territorio y de medios de producción desde la dictadura militar. Pero esta vez no es con tanques; es con decretos y motosierras”.
González, que se erige como una de las voces más combativas del justicialismo en la provincia de Corrientes, no habló en abstracto. Puso cifras, nombres y ejemplos concretos de lo que ocurre en el interior correntino y en las economías regionales:
“No es un debate de escritorio. Es la vida de las familias que se levantan a las cuatro de la mañana para ordeñar, cosechar o sembrar. Y el Gobierno les está diciendo: ‘compitan con los fondos buitre o desaparezcan’”.
El triple cerrojo que asfixia al productor nacional
El concejal estructuró su embate en tres ejes centrales que, según explicó, configuran “una tenaza perfecta” contra la agricultura familiar, campesina e indígena:
1. El desguace institucional como política de Estado
González denunció que el presupuesto redujo en un 70% las partidas destinadas al Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), mientras que el INTA y el Senasa vieron desmanteladas sus áreas de extensión rural y asistencia técnica.
“Sin crédito blando, sin acompañamiento técnico, sin sanidad animal ni control de semillas, el pequeño productor queda en bolas. Es como mandar a un boxeador de peso pluma al ring contra un peso pesado, atarle una mano y quitarle el entrenador”.
El edil recordó que el INAFCI era el único organismo que llegaba a las familias del campo profundo con políticas de fomento, herramientas y microcréditos:
“Se lo vacía por decreto y después se dice que ‘el mercado resuelve’. El mercado resuelve que el débil desaparezca. Eso no es libertad; es selección natural darwiniana aplicada a la economía”.
2. Dolarización encubierta de costos y quita de subsidios
El segundo punto de su crítica apuntó al cóctel explosivo que sufren los productores primarios: la eliminación de subsidios a la energía eléctrica y los combustibles, sumada a la desregulación total de precios de insumos básicos como fertilizantes, semillas y agroquímicos.
“El pequeño agricultor vende su producción en pesos, en un mercado interno que se cae a pedazos porque el salario no alcanza. Pero tiene que comprar gasoil, urea y herbicidas al valor del dólar libre. Eso no es economía de mercado; es una trampa mortal”.
3. La extranjerización como final del camino
El edil vinculó directamente la ley de tierras —que elimina los topes a la compra de campos por parte de capitales extranjeros y deroga las restricciones en zonas de frontera— con la expulsión definitiva del productor local:
“Cuando el Estado no regula y no hay límite a la concentración, los grandes fondos de inversión compran todo. No compran para producir comida; compran para especular, para plantar soja transgénica de exportación o para guardar el terreno como activo financiero. Y el agricultor familiar, que nos da la lechuga, el tomate y la carne que comemos todos los días, se queda sin tierra y sin futuro”.
Soberanía alimentaria: el plato de comida como campo de batalla
González puso en perspectiva el impacto concreto de estas políticas sobre la mesa de las familias argentinas:
- Abastecimiento local: Más del 60% de las verduras, hortalizas, frutas, huevos, pollo y cerdo que se consumen en las ciudades proviene de la agricultura familiar y no de los grandes pools de siembra.
- Riesgo de importación: Si se quiebra a los pequeños productores, el país correrá el riesgo de tener que importar alimentos básicos de primera necesidad.
- Modelo extractivista: La orientación exclusiva a la exportación de commodities sin valor agregado vacía el mercado interno y dispara los precios de la canasta básica.
Citando la doctrina justicialista, remarcó: “El capital debe estar al servicio de la economía nacional, y la economía nacional al servicio del bienestar social. Acá están invirtiendo la fórmula: el pueblo al servicio de las ganancias de unos pocos”.
Un debate que se instala en la agenda nacional
Más allá del impacto local, las declaraciones de González ponen en el centro del debate público una pregunta incómoda para la gestión nacional: ¿qué tipo de país se construye cuando el Estado se retira, la tierra se concentra y el productor familiar queda a merced de las corporaciones?
Una advertencia histórica
González cerró su intervención con una contundente definición:
“Defender la tierra es defender el presente de nuestro pueblo y el futuro de nuestras hijas e hijos. La soberanía no es un verso patriótico; es la decisión de que nuestros hijos tengan un suelo donde pararse sin pedir permiso. Y eso no se vende ni se negocia. El que cree que el campo es solo un negocio, que se vaya a jugar a la bolsa, pero que no destruya el trabajo de siglos de agricultores argentinos.”
Mientras el proyecto de ley de tierras avanza en el Senado con dictamen de mayoría, sectores políticos y sociales anticiparon que saldrán a las calles a hacerse oír. La Patria vuelve a estar en disputa y el suelo argentino, una vez más, en el centro del ring político.