La exministra de Seguridad evitó responder a las principales objeciones al proyecto, vinculadas a la flexibilización de la compra de tierras rurales y a la concentración de recursos estratégicos en manos extranjeras.
“Es ridículo pensar que porque un extranjero tenga dos departamentos o dos fábricas perdemos soberanía. Propiedad no es soberanía”, afirmó Patricia Bullrich al defender la reforma de la Ley de Tierras que el Gobierno busca aprobar en el Senado.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, acompañada por los senadores Nadia Márquez y Agustín Coto, intentó mostrar la iniciativa como una apertura a las inversiones y cuestionó la idea de que la venta de tierras a extranjeros implique una pérdida de control sobre el territorio argentino.
Bullrich sostuvo que sería un “disparate” pensar que Argentina pierde soberanía porque un extranjero compra una propiedad o una empresa invierte en el país. Incluso planteó que, en caso de que un privado bloqueara un paso o una zona estratégica, “alguien va a tener que hacer un camino”, para remarcar que el Estado mantiene sus facultades sobre el territorio.
Para reforzar su argumento, la funcionaria eligió un ejemplo de Mendoza y mencionó a la bodega Chandon, de origen francés. “Nadie piensa que Chandon hace francesa a Mendoza”, sostuvo, al señalar que una compañía extranjera instalada en el país no convierte una parte del territorio en propiedad de otro Estado.
Además, Bullrich destacó los cambios que el Gobierno incorporó al nuevo dictamen para conseguir respaldo en el Senado. Entre ellos mencionó que se mantiene un límite del 25% de la superficie rural de cada provincia para la propiedad extranjera y que las empresas con participación estatal extranjera deberán contar con autorización de la Nación y de las provincias para comprar tierras.
Lo que evitó contar Bullrich
La reforma no solo modifica un porcentaje. También deroga ocho artículos de la Ley 26.737, aprobada en 2011, que formaban parte del sistema de controles sobre la compra de tierras rurales por extranjeros.
Uno de los cambios más importantes es la eliminación del artículo 10.
Ese artículo establecía un límite máximo para la cantidad de hectáreas que podía comprar un mismo extranjero. El cálculo tenía como referencia las 1.000 hectáreas en la zona núcleo, aunque podía variar según la productividad de cada región.
Con la nueva redacción, ese límite desaparece.
En la práctica, un extranjero podría comprar superficies mucho mayores siempre que no supere el 25% permitido dentro de una provincia y cumpla con las condiciones que establece la nueva norma.
También se elimina el artículo 9, que impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de las tierras habilitadas para extranjeros.
Eso significa que, aunque continúe el límite general del 25% por provincia, ya no habrá una restricción específica para evitar que la mayor parte de esas tierras quede en manos de empresas o ciudadanos de un mismo país.
El cambio de fondo está en la letra chica
El nuevo artículo 3 modifica la lógica de la ley.
La norma vigente funciona bajo una idea simple: los extranjeros pueden comprar tierras, pero existen distintos límites para evitar una concentración excesiva.
El nuevo dictamen plantea otro esquema. Establece cuáles serán las únicas restricciones que seguirán vigentes.
El proyecto deja cuatro límites principales:
los Estados extranjeros no podrán comprar tierras rurales;
las empresas con participación estatal extranjera necesitarán autorización;
ningún extranjero podrá superar el 25% de la superficie rural de una provincia;
continuarán los controles en zonas de frontera.
El resto de las restricciones desaparece.
Por eso, más allá del porcentaje del 25% que Bullrich eligió destacar, el cambio más profundo está en la eliminación de otros controles que regulaban cuánto podía comprar un mismo propietario y cómo podía distribuirse la tierra entre extranjeros.
La diferencia está en la forma de mirar la ley.
La norma vigente dice que los extranjeros pueden comprar tierras, pero con una serie de límites.
El nuevo dictamen cambia la lógica y establece que los extranjeros pueden comprar salvo en los casos que quedan expresamente prohibidos.
El Gobierno confía en aprobarla en el Senado
Después de varias semanas de negociaciones y cambios en la redacción, el oficialismo asegura que ya reunió los 36 votos necesarios para aprobar la reforma en la Cámara alta.
Las modificaciones incorporadas al dictamen buscaron sumar apoyos de sectores dialoguistas sin cambiar el objetivo central del proyecto, que es flexibilizar el régimen para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Si la votación termina empatada, el escenario también favorece al oficialismo. La sesión será presidida por Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, quien podrá desempatar.
Victoria Villarruel no estará al frente de la Cámara alta porque quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante la gira internacional de Javier Milei por Ecuador y Colombia.
La ausencia de la vicepresidenta tomó relevancia porque Villarruel había expresado diferencias con algunos aspectos de la reforma y había advertido que no estaba dispuesta a “rifar el país”.
De esta manera, una de las leyes más discutidas del Gobierno llegará al Senado con un oficialismo que asegura tener los votos y una oposición que cuestiona que el cambio más importante no está en el 25%, sino en los límites que dejan de existir.
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