Denuncian a funcionaria provincial por uso fraudulento de tarjeta social Mamá Mbareté

Un nuevo escándalo de presunta corrupción en la administración de beneficios sociales salió a la luz en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, donde una funcionaria provincial habría utilizado indebidamente una tarjeta Mamá Mbareté. Este beneficio, otorgado por el Ministerio de Salud Pública de Corrientes, está destinado a embarazadas en situación de vulnerabilidad, quienes lo utilizan para comprar alimentos y medicamentos. 📄

Fraude con tarjeta Mamá Mbareté

El caso se dio a conocer cuando una mujer que solicitó la tarjeta Mamá Mbareté, un programa provincial para embarazadas sin cobertura social, fue informada por una conocida de que alguien intentó usar una tarjeta a su nombre en un supermercado local. La denunciante, quien gestionó el beneficio en el hospital provincial Miguel Sussini, esperaba el plástico desde julio sin recibir notificación de que había sido aprobado. Sin embargo, la semana pasada, descubrió que otra persona utilizó la tarjeta destinada a ella. 😠

La mujer afectada radicó la denuncia en la Comisaría Primera de Virasoro y, al indagar en el hospital, fue informada de que el plástico fue retirado en julio. La implicada sería una funcionaria del mismo hospital. Este jueves, el Concejo Deliberante de Gobernador Virasoro solicitará formalmente explicaciones a las autoridades del hospital para esclarecer lo sucedido. 🏥

Programa Mbareté y su vulnerabilidad ante el fraude

Las tarjetas Mamá Mbareté y Mbareté son beneficios sociales del Ministerio de Salud Pública de Corrientes. La tarjeta Mbareté, con un límite de $3.000 mensuales, permite la compra de medicamentos en farmacias adheridas para personas sin cobertura social. En tanto, Mamá Mbareté otorga $20.000 mensuales para alimentos, dirigida exclusivamente a embarazadas. Este programa tiene como objetivo apoyar el cuidado prenatal y mejorar la alimentación durante el embarazo. Ambos beneficios apuntan a cubrir necesidades básicas, pero casos como el de Virasoro evidencian vulnerabilidades en el control y distribución del recurso. 💳

Antecedentes en Corrientes y Buenos Aires

Este incidente no es el único en la provincia. El pasado 5 de septiembre, dos personas fueron detenidas en Corrientes Capital al ser sorprendidas con 42 tarjetas de débito en un cajero automático, con las que ya habían extraído $1.690.000. Los arrestados, quienes se identificaron como prestamistas, permanecieron varias horas en el cajero ubicado en Av. Sarmiento y calle Cosquín antes de ser interceptados por la policía. Este caso no avanzó en la justicia, lo que generó críticas y preocupaciones en la opinión pública sobre la efectividad del sistema judicial y los controles en el uso de estos beneficios. 📉

En un hecho similar a nivel nacional, el “Caso Chocolate” en Buenos Aires involucra a Julio Rigau, puntero del Partido Justicialista en La Plata. Rigau fue arrestado tras ser descubierto en una serie de transacciones sospechosas en cajeros automáticos, donde retiraba dinero de tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense. La investigación abarca a 25 personas y a 48 dueños de tarjetas, quienes habrían permitido la utilización de sus cuentas. La fiscal Betina Lacki solicitó la prisión preventiva de Rigau, quien obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria semanas atrás. 🔍

Necesidad de controles más estrictos

Estos casos ponen en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los controles sobre los beneficios sociales en toda la provincia de Corrientes y en el país. La facilidad con la que personas con acceso administrativo pueden desviar recursos destinados a sectores vulnerables plantea una problemática ética y administrativa, además de un posible daño económico significativo. Sin una mejora en los mecanismos de verificación, programas como Mamá Mbareté pueden perder su efectividad, afectando a los beneficiarios y erosionando la confianza en los programas de asistencia pública. 🚨

Este nuevo episodio en Virasoro suma presión al Gobierno provincial, que deberá rendir cuentas no solo ante el Concejo Deliberante local, sino ante una sociedad que espera transparencia y mayor protección en la distribución de recursos sociales. Mientras tanto, las investigaciones continúan y se espera que se implementen medidas concretas para asegurar el uso legítimo de las tarjetas y evitar fraudes similares en el futuro. 🛡️

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