La firma del Pacto Goya 2030, llevada a cabo a menos de un año de las elecciones municipales y provinciales, plantea una serie de interrogantes éticos sobre la legitimidad y el propósito de este tipo de acuerdos en tiempos electorales. Este cuestionamiento no solo apunta a las intenciones de los firmantes, sino también a los efectos que una decisión de esta magnitud puede tener sobre la percepción pública y el proceso electoral.
¿Un acto de gobierno o una jugada electoral?
En el contexto de un año electoral, la firma de un pacto como el Pacto Goya 2030 podría interpretarse como un intento de generar un clima de consenso y apoyo popular a través de medidas que buscan proyectar una imagen de estabilidad y progreso. Sin embargo, el hecho de que los actores políticos involucrados en este pacto sean los mismos que lideran las administraciones provincial y municipal plantea dudas sobre si esta acción responde a un genuino interés por el futuro de la ciudad o si, en realidad, busca consolidar su base electoral antes de las elecciones.
El Intendente Mariano Hormaechea y el Gobernador Gustavo Valdés están en una posición privilegiada para influir en el curso de los acontecimientos de la ciudad y la provincia, lo que puede generar la percepción de que el pacto tiene más de “estrategia electoral” que de planificación genuina. En este sentido, se podría considerar que el pacto no solo es un compromiso con el desarrollo, sino también una forma de posicionarse políticamente ante los votantes.
El riesgo de la instrumentalización política
Firmar un pacto de esta naturaleza en un periodo preelectoral puede ser visto como una instrumentalización política del compromiso social. Aunque el pacto se presenta como un acuerdo interinstitucional que involucra a diversos sectores de la sociedad, la presencia de figuras del ámbito político en las primeras filas de la firma del pacto podría dejar en evidencia una cierta utilización de este acto como un instrumento para captar votos. La percepción de que los recursos y las decisiones de gobierno se utilizan en función de la campaña electoral puede generar desconfianza en la ciudadanía.
En un contexto donde la política y las decisiones públicas suelen estar sujetas a intereses partidarios, el riesgo de que el pacto sea percibido como una promesa vacía o una mera estrategia electoral aumenta considerablemente. Además, el hecho de que algunos de los proyectos planteados en el pacto, como la mejora de infraestructura o el desarrollo de parques industriales, sean de gran envergadura y de ejecución a largo plazo, hace que su implementación esté sujeta a cambios dependiendo del resultado electoral, lo que podría diluir el compromiso del pacto en el futuro.
La ética de la continuidad del proyecto político
Otro aspecto que se debe considerar en el cuestionamiento ético de la firma del pacto es el compromiso de continuidad del proyecto político. Si bien la figura del Gobernador Valdés y su equipo de gobierno hablan de un proyecto de desarrollo, modernización e inclusión, no se puede obviar que estas decisiones están íntimamente relacionadas con la agenda política que se busca consolidar ante las elecciones de 2025. La “promesa” de un futuro de progreso y cambio resulta cuestionable cuando se está a tan pocos meses de un proceso electoral.
Además, el hecho de que el pacto se base en los mismos ejes que han sido parte del gobierno provincial actual pone en evidencia una estrategia de continuidad que no necesariamente implica la renovación de ideas o propuestas. ¿Está la comunidad realmente involucrada en el diseño de estos proyectos o se está tomando un camino ya trazado con fines políticos? Esta es una de las preguntas éticas fundamentales que surgen al analizar el pacto.
El efecto sobre la confianza pública
Finalmente, el principal cuestionamiento ético que se plantea es el impacto que esta firma tendrá sobre la confianza pública. El pacto se presenta como una herramienta de participación e inclusión, pero si los ciudadanos perciben que fue firmado con fines electoralistas, puede generar desconfianza en las autoridades y en los procesos políticos en general. El uso de este pacto en un contexto electoral puede diluir su efectividad y legitimar una narrativa de que las decisiones de gobierno están condicionadas por la necesidad de ganar elecciones y no por un compromiso real con el bienestar de la comunidad.
En conclusión, la firma del Pacto Goya 2030 a menos de un año de las elecciones genera dudas sobre si se trata de una verdadera iniciativa para el desarrollo de la ciudad o si está siendo utilizado como una estrategia para fortalecer la base política de los actores involucrados. Este cuestionamiento ético resalta la importancia de una política transparente y alejada de intereses electoralistas, sobre todo en momentos en que las decisiones públicas deben centrarse en el beneficio común a largo plazo.