El Gobierno Nacional avanza hacia un peligroso terreno de vulneración de derechos con su reciente autorización para que las Fuerzas Armadas detengan a civiles en casos de flagrancia. Esta medida, confirmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, no solo pone en riesgo las garantías constitucionales de los ciudadanos, sino que abre un panorama alarmante para la seguridad y las libertades individuales en el país.
La declaración del ministro Petri, que defiende esta iniciativa como una respuesta a la supuesta amenaza de narcotráfico y terrorismo, es un claro intento de justificar la militarización de la seguridad pública bajo el pretexto de la «defensa de la patria». Al asegurar que «elijan de qué lado van a estar», Petri no solo adopta un tono polarizador y beligerante, sino que además carga con un grave sesgo ideológico que da a entender que aquellos que cuestionen esta medida son cómplices de los criminales. Esta postura refleja un gobierno dispuesto a descalificar a cualquier voz crítica, sin siquiera considerar las implicaciones legales y humanas de su accionar.
La justificación gubernamental, basada en la idea de que todos los países de la región están adoptando prácticas similares, no hace más que trivializar los riesgos asociados con la ampliación del poder militar. Argumentar que la detención transitoria de civiles por parte de las Fuerzas Armadas es legal según los códigos procesales provinciales y nacionales es una falacia peligrosa. Este recurso no puede ser utilizado para socavar el principio básico de que la seguridad interna debe ser responsabilidad de las fuerzas de seguridad civiles, no del aparato militar, cuya naturaleza y función están orientadas a la defensa externa, no a la represión interna de la ciudadanía.
Además, es profundamente preocupante que el Gobierno se escude en comparaciones internacionales, como el caso de Estados Unidos, para legitimar su accionar. La realidad es que las Fuerzas Armadas de otros países, incluso aquellos con altos índices de criminalidad, se enfrentan a un creciente rechazo social debido a los abusos cometidos en el marco de la militarización de la seguridad interna. La advertencia de que «si otros países lo hacen, ¿por qué nosotros no?», no es solo una falacia, sino un intento de descalificar el debate democrático en torno a la protección de los derechos humanos y las libertades civiles.
Al permitir que las Fuerzas Armadas intervengan directamente en el control interno de la seguridad, el Gobierno no solo está ignorando la posibilidad de abusos de poder, sino que además está creando un precedente que puede ser utilizado para justificar acciones autoritarias. La detención de civiles sin la intervención de un juez, bajo el pretexto de que se cometió un delito en flagrancia, puede derivar en un proceso judicial a medida, sin las garantías mínimas que exige cualquier estado de derecho. Las consecuencias de esta medida, que muchos interpretan como un paso hacia un gobierno más autoritario, podrían ser devastadoras para la democracia argentina.
La creciente tendencia de buscar soluciones represivas a los problemas de inseguridad, en lugar de abordar las causas subyacentes de la criminalidad, nos coloca ante un escenario de regresión autoritaria. En lugar de fortalecer las instituciones democráticas y judiciales, el Gobierno opta por el atajo fácil de militarizar el orden público, ignorando los peligros de la centralización del poder y la violación de los derechos fundamentales. Esta medida, lejos de resolver los problemas de seguridad, los agrava, creando un clima de temor y desconfianza entre la población.
Finalmente, este tipo de medidas no hace más que socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y en la independencia del poder judicial. La militarización de la seguridad pública es una receta peligrosa que ha fracasado en numerosas ocasiones en otras partes del mundo, y que ahora amenaza con despojar a la sociedad argentina de sus derechos más elementales. El Gobierno debe reconsiderar esta medida antes de que sea demasiado tarde, y priorizar políticas públicas que fortalezcan la justicia y el respeto por los derechos humanos en lugar de ceder ante la tentación autoritaria.
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