El Gobierno de Milei celebra que la pobreza bajó al 31,6% en el primer semestre de 2025. Pero detrás de la estadística se oculta una realidad que no admite festejos: más de 9,5 millones de argentinos continúan sumidos en la pobreza y 2,1 millones sobreviven en la indigencia. La mejora es apenas un alivio coyuntural y no resuelve el drama estructural de un país que naturaliza la exclusión.
POBREZA INFANTIL: EL FRACASO MÁS DOLOROSO
El dato más alarmante es que casi la mitad de los niños menores de 14 años —el 45,4%— vive en hogares pobres. Se trata de una generación condenada a crecer sin las condiciones mínimas para desarrollarse plenamente. El Estado argentino, bajo este gobierno, se muestra incapaz de garantizar derechos básicos a la niñez. Esa es la medida más clara del fracaso de la política económica y social.
LA INDIGENCIA COMO CONDENA
Que más de dos millones de compatriotas no puedan cubrir siquiera la canasta alimentaria revela un límite ético y político. No hay crecimiento posible cuando millones de familias no llegan al plato de comida diario. La indigencia no debería existir en un país con la capacidad productiva y alimentaria de la Argentina. Que siga presente es la prueba de un modelo económico que prioriza a los sectores concentrados y relega a los más vulnerables.
EL EFECTO INMEDIATO DE LOS INGRESOS
El INDEC explica que la baja en la pobreza se debe al aumento de los ingresos familiares por encima de la inflación de la canasta básica. Pero se trata de una mejora puramente aritmética, dependiente de un semestre favorable. La brecha entre ingresos y necesidades es abismal: los hogares pobres perciben en promedio un 37% menos de lo que requieren para cubrir la canasta básica total. La supuesta recuperación se sostiene en un piso tan frágil que cualquier retroceso inflacionario o pérdida de empleo puede volver a disparar los indicadores.
REGIONES OLVIDADAS
El mapa de la pobreza desnuda la desigualdad territorial: el Noreste argentino alcanza el 39%, muy por encima de la Patagonia, que registra un 27%. Esto refleja décadas de políticas nacionales que no logran revertir la inequidad regional. La Argentina que se proclama federal no es capaz de equilibrar oportunidades entre sus habitantes.
UNA MIRADA CRÍTICA
El problema no se resuelve con parches coyunturales ni con la ilusión de que el “mercado” arreglará lo que desarma. La pobreza estructural exige políticas públicas integrales: una reforma tributaria progresiva que financie un Estado activo, un plan nacional de empleo digno, inversión sostenida en educación y salud, y programas específicos para la infancia y la juventud.
El gobierno se apura en mostrar números de corto plazo, pero sigue sin construir un horizonte de justicia social. La desigualdad no se combate con discursos de ocasión, sino con un pacto político que coloque a la inclusión como prioridad real.
Hoy, millones de argentinos no tienen tiempo para esperar. La pobreza no bajará de manera sostenida mientras la política económica esté guiada por la lógica del ajuste y no por el mandato de la igualdad.