El reciente anuncio del Ministerio de Defensa de otorgar ascensos retroactivos a 21 oficiales de las Fuerzas Armadas abre un debate profundo sobre la relación entre política, institucionalidad y democracia. Bajo el argumento de “reparar una injusticia” de la gestión anterior, el Gobierno de Javier Milei busca instalar la idea de que durante el mandato de Alberto Fernández existió una persecución ideológica contra militares.
Este enfoque merece una revisión crítica que ponga en el centro la institucionalidad, la igualdad ante la ley y la transparencia en las decisiones públicas.
UNA DECISIÓN CON SESGO POLÍTICO
El ministro Luis Petri planteó que el actual gobierno “eligió la libertad sobre el sesgo ideológico”. Sin embargo, la medida adoptada parece justamente lo contrario: una respuesta cargada de intencionalidad política. El hecho de retrotraer ascensos a 2018 no solo supone reescribir decisiones administrativas de otra gestión, sino también utilizar a las Fuerzas Armadas como escenario de una disputa partidaria.
En democracia, los ascensos deben regirse por criterios objetivos de carrera, méritos profesionales y evaluaciones técnicas, no por lecturas políticas del pasado. De lo contrario, se corre el riesgo de que cada cambio de gobierno reabra expedientes, otorgue o retire beneficios y convierta la conducción militar en un botín de revancha ideológica.
DEMOCRACIA Y FUERZAS ARMADAS
Desde el retorno a la democracia, la sociedad argentina ha sostenido un consenso claro: las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder civil y alejadas de cualquier participación en disputas políticas. Los ascensos retroactivos rompen con ese espíritu, porque introducen la lógica del desagravio y la reivindicación partidaria en una institución que debería funcionar con criterios estables, previsibles y profesionales.
La democracia necesita Fuerzas Armadas modernas, capacitadas y comprometidas con la defensa nacional, no con las relecturas que cada gobierno haga sobre el pasado reciente.
EL COSTO SOCIAL Y SIMBÓLICO
En un país con altos niveles de pobreza, inflación y pérdida de derechos sociales, las prioridades de la agenda pública deberían orientarse a resolver los problemas de la ciudadanía. En ese contexto, la decisión de gastar energía política en ascensos retroactivos para un grupo reducido de oficiales genera un mensaje de desconexión con las urgencias sociales.
La justicia social no se construye con privilegios para pocos, sino con igualdad de oportunidades para todos. Mientras millones de argentinos esperan respuestas en materia de salud, educación, empleo y vivienda, el Gobierno opta por enviar señales políticas a sectores reducidos que históricamente han estado vinculados al poder.
ESTE NO ES EL CAMINO
Nuestra sociedad merece un Estado que garantice igualdad, institucionalidad y justicia sin revanchismos. Ello implica sostener que ninguna gestión debe utilizar a las Fuerzas Armadas como instrumento de reparación ideológica. Los ascensos deben ser claros, transparentes y sometidos al control democrático del Congreso, evitando la discrecionalidad de un ministro o de un presidente.
En lugar de alimentar divisiones sobre el pasado, el desafío es construir un futuro común en el que las Fuerzas Armadas estén integradas a la democracia y al servicio de un proyecto de desarrollo nacional, con respeto a los derechos humanos y a la pluralidad política.
REGLAS CLARAS PARA TODOS
La medida adoptada por el Gobierno de Milei, lejos de “saldar una deuda con la Patria”, reabre heridas y politiza un terreno que debería permanecer al margen de disputas partidarias. La verdadera libertad y el verdadero respeto se alcanzan cuando las instituciones funcionan con reglas claras para todos, no cuando se favorece selectivamente a unos pocos bajo el argumento de la reparación histórica.