Cada 25 de noviembre renueva la discusión pública sobre la violencia contra las mujeres y las responsabilidades concretas del Estado. En este sentido, Marcos Damián González, concejal electo por el Partido Justicialista en Goya, sostiene que la fecha no debe limitarse a la memoria o a los gestos simbólicos. Para él, representa un llamado firme a reforzar políticas locales, revisar protocolos de atención y fortalecer la coordinación institucional en todos los niveles.
González considera que la violencia de género sigue siendo una problemática estructural, con manifestaciones físicas, psicológicas, económicas, sexuales y simbólicas. A su juicio, el Estado municipal debe asumir un rol más activo, tanto en prevención como en acompañamiento y resguardo, especialmente en ciudades donde los recursos técnicos suelen ser limitados.
LUCHAS QUE MARCARON A LA ARGENTINA
En sus declaraciones, González reconoce la importancia de luchas que en Argentina abrieron caminos decisivos. Señala que el movimiento «Ni Una Menos» visibilizó la magnitud de los femicidios y obligó a los gobiernos a adoptar políticas más sólidas, dejando atrás la idea de la violencia como un problema privado.
También destaca la Ley Micaela, entendida como una herramienta clave para la formación obligatoria de agentes estatales en perspectiva de género. Para González, su correcta implementación implica más que cumplir con un curso: requiere transformar prácticas institucionales arraigadas. Menciona además la Ley Brisa, que garantiza una reparación económica a niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por femicidio, como un avance impulsado por organizaciones que sostuvieron reclamos urgentes y persistentes.
El concejal electo advierte que, a pesar de estos avances, persisten desafíos. La demora en medidas de protección, la falta de dispositivos de control y las dificultades para acceder a la justicia continúan poniendo en riesgo a quienes denuncian. En ciudades como Goya —explica— la distancia con organismos provinciales, la insuficiencia de equipos interdisciplinarios y la falta de datos actualizados dificultan el diseño de políticas eficaces.
EL ROL DEL MUNICIPIO
González plantea que los gobiernos locales deben consolidar áreas especializadas, contar con profesionales estables y disponer de protocolos de intervención uniformes. Insiste en que la prevención es un pilar central: campañas públicas, talleres en instituciones educativas, capacitaciones permanentes y articulación con organizaciones sociales pueden modificar conductas culturales que naturalizan situaciones de violencia.
Para él, disponer de estadísticas confiables es otro punto crítico. Sin información precisa —señala— las respuestas quedan sujetas a percepciones y no a diagnósticos. Por ello propone crear un sistema municipal de relevamiento que permita cuantificar casos, rutas de denuncia, tiempos de respuesta y niveles de reincidencia.
UNA RESPONSABILIDAD QUE TRASCIENDE LO PARTIDARIO
El concejal electo considera que la elaboración de políticas efectivas debe surgir de acuerdos amplios en el Concejo Deliberante y del trabajo conjunto con organizaciones sociales, fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. «La violencia de género no distingue pertenencias políticas; la protección tampoco debería hacerlo», sostiene.
González reafirma que impulsará herramientas legislativas y presupuestarias orientadas a fortalecer la protección de mujeres y diversidades, y que propondrá espacios de trabajo interinstitucional para garantizar que las políticas no se agoten en declaraciones formales.
El 25 de noviembre —expresa— debe recordarse como una fecha que obliga a revisar lo que falta, consolidar lo que funciona y asumir que la construcción de una sociedad más justa depende de decisiones políticas sostenidas en el tiempo.