La decisión de la Sociedad Rural de Corrientes de imponer el nombre del ex capitán Juan Carlos De Marchi a la plaza principal de su predio ha generado una firme respuesta legislativa. La UCR impulsa dos iniciativas en la Cámara Alta: un proyecto de ley para prohibir apoyo estatal a entidades apologistas del accionar represivo y una resolución de repudio a este acto específico.
Los legisladores argumentan que este homenaje "interpela la memoria colectiva correntina y afecta la convivencia institucional", considerándolo una "provocación al pacto democrático". La iniciativa responde a un pedido de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes, que solicita un pronunciamiento claro sobre el tema.
El proyecto de ley establecería límites explícitos al Poder Ejecutivo provincial respecto del otorgamiento de subsidios, donaciones o celebración de convenios con instituciones que realicen reivindicaciones de personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Esto representa un avance significativo en la consolidación de políticas de memoria.
Esta respuesta legislativa demuestra la fortaleza de las instituciones democráticas y el compromiso con la defensa de los derechos humanos. Un ejemplo de cómo desde el estado se pueden generar herramientas concretas para preservar la memoria colectiva y los valores democráticos.