El juez de primera instancia de Santa Lucía, Daniel Alejandro Ascona, presentó una medida autosatisfactiva ante la Justicia alegando una crítica situación económica personal, producto de un fuerte endeudamiento con bancos y entidades financieras. Según la resolución judicial, el magistrado sostuvo que entre abril y mayo más del 90% de su salario fue absorbido por consumos con tarjetas de crédito, lo que derivó en una cadena de préstamos y refinanciaciones que tornaron su situación "irremontable". Entre sus acreedores figuran Banco Galicia, Mercado Pago, Wallah, Credil, Tarjeta Naranja, Crédito Argentino, entre otros.
Ascona explicó que, tras los descuentos obligatorios —incluido un 35% por cuota alimentaria derivada de un divorcio—, su ingreso disponible mensual se reduce a unos 800 mil pesos, monto que calificó como insuficiente incluso para afrontar el alquiler de su vivienda. Ante este escenario, el juez solicitó que se ordene a varias entidades financieras abstenerse de iniciar o ejecutar embargos sobre su salario, y propuso destinar el 30% de sus haberes a una cuenta judicial para el pago gradual de sus deudas.
El planteo fue analizado por el juez Gabriel Guillermo Sade, quien resolvió hacer lugar parcialmente a la medida. La decisión ordena a algunas entidades financieras a no avanzar con medidas cautelares o ejecutivas por el plazo de 90 días, instándolas a buscar acuerdos mediante negociación o mediación extrajudicial. El caso generó fuertes interrogantes y críticas, ya que se trata de un magistrado en funciones que recurre a la Justicia para obtener protección frente a deudas personales, en posible tensión con normas internas del Poder Judicial.