En 2024, la administración Biden implementó una estrategia novedosa denominada “sanciones reversibles” o “snap-back”. Esta táctica, materializada en la Licencia General 44, suspendía temporalmente algunas sanciones al petróleo y gas de Venezuela a cambio del cumplimiento de acuerdos electorales por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El mecanismo buscaba ser flexible, actuando como una herramienta de “zanahoria y garrote”. Sin embargo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, suspendió las candidaturas opositoras clave, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ejecutó la cláusula reversible. La Licencia 44 fue revocada, reinstaurando automáticamente las sanciones petroleras.
Este episodio demostró la dificultad de lograr concesiones reales y verificables del gobierno de Maduro, incluso bajo un esquema de presión diseñado para ser más dinámico. La estrategia de sanciones reversibles subrayó el desafío de influir en la conducta del régimen a través de incentivos económicos condicionados.