Durante casi un siglo, la refinería Isla en Curaçao fue la extensión logística más vital de Venezuela en el Caribe, arrendada por PDVSA desde 1985. Sin embargo, tras el colapso de la relación por impagos y el impacto de las sanciones de EE.UU. en 2019, esta alianza centenaria se rompió. PDVSA perdió el acceso a la planta, dejando atrás una infraestructura masiva y una disputa legal.
Con la salida de PDVSA, la posición geográfica de Curaçao —a solo 60 km de la costa venezolana— adquirió un valor táctico renovado para Washington. Fuentes de inteligencia indican que la isla se ha convertido en un centro neurálgico para el monitoreo de la “flota oscura” que intenta evadir el embargo petrolero. Las instalaciones que antes servían a PDVSA ahora albergan redes de vigilancia satelital y por radar.
Desde Curaçao, agencias estadounidenses y aliadas rastrean los transbordos de petróleo de barco a barco en aguas internacionales cercanas, monitorizan buques que apagan sus transpondedores al salir de Venezuela y utilizan el aeropuerto Hato como base para vuelos de patrulla marítima. La isla pasó de ser un puerto seguro a un puesto de observación del declive operativo de PDVSA.
La pérdida de Curaçao fue un golpe devastador para la logística venezolana, obligando a PDVSA a usar sus propios petroleros como tanques flotantes e inmovilizando su flota. Mientras Curaçao busca reactivar la refinería con capital internacional, su costa permanece como un testigo silencioso y activo de un cambio geopolítico radical en el Caribe.