Los incendios forestales en la Patagonia volvieron a exponer una constante inquietante de la política argentina: frente a una catástrofe ambiental compleja, el Gobierno nacional opta por una explicación simple y peligrosa. La administración de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad, decidió instalar públicamente la idea de que detrás del fuego hay «grupos terroristas» vinculados a comunidades mapuches autoproclamadas. No se trata de una hipótesis judicial probada ni de una conclusión técnica fundada, sino de un señalamiento político con profundas consecuencias sociales.
El problema no es solo la falta de pruebas concluyentes. El problema es la lógica que subyace a ese discurso: la construcción de un enemigo interno étnicamente identificado, funcional para desplazar responsabilidades estatales y canalizar el enojo social hacia un grupo históricamente vulnerado.
DEL HECHO AMBIENTAL AL RELATO IDEOLÓGICO
La evidencia empírica disponible es clara. Los incendios patagónicos tienen causas múltiples: sequías prolongadas, temperaturas extremas, acumulación de material combustible, negligencias humanas diversas y, en algunos casos, intencionalidad criminal aún no atribuida. Lo que no existe, hasta el momento, es una sola condena judicial firme que demuestre la responsabilidad de comunidades mapuches en estos siniestros.
Sin embargo, el Gobierno nacional eligió hablar de «terrorismo ambiental», una categoría inexistente en el derecho penal argentino, y de «grupos terroristas mapuches», equiparando de hecho a pueblos originarios con organizaciones armadas internacionales. Esa equiparación no es inocente: busca dotar de legitimidad simbólica a una respuesta punitiva excepcional y a la estigmatización colectiva.
Por donde lo quieran mirar, esta operación discursiva es doblemente grave. Primero, porque viola el principio básico del Estado de derecho: nadie es culpable sin pruebas. Segundo, porque erosiona el pacto democrático al naturalizar que un gobierno pueda señalar identidades culturales como amenazas.
RACISMO COMO HERRAMIENTA POLÍTICA
El racismo no siempre se expresa con insultos explícitos. A veces adopta la forma más sofisticada —y más peligrosa— del lenguaje institucional. Cuando un gobierno diferencia entre «mapuches buenos» y «mapuches violentos», cuando habla de «autoproclamados» para sembrar sospecha sobre la legitimidad identitaria, cuando sugiere sin demostrar, está produciendo racismo de Estado.
Ese racismo no surge de la nada. Es coherente con una cosmovisión que desprecia los derechos colectivos, relativiza la preexistencia de los pueblos originarios reconocida constitucionalmente y concibe el territorio solo como mercancía o recurso explotable. En ese marco, el indígena deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser obstáculo.
La historia argentina ofrece demasiados ejemplos de lo que ocurre cuando el poder decide que ciertos grupos son prescindibles. Por eso alarma que, en pleno siglo XXI, un gobierno democrático recurra a esquemas discursivos que recuerdan más a la doctrina de la seguridad interior que a una gestión republicana de los conflictos.
INSEGURIDAD, MIEDO Y DESPLAZAMIENTO DE RESPONSABILIDADES
El señalamiento a comunidades mapuches cumple además una función política inmediata: desplazar el foco del debate. En lugar de discutir políticas ambientales, prevención, inversión en manejo del fuego o adaptación al cambio climático, la conversación pública se corre hacia el castigo, la sospecha y la represión.
Es una estrategia conocida. Cuando el Estado fracasa en prevenir, busca culpables visibles. Cuando no puede explicar, simplifica. Cuando no gestiona, acusa. El problema es que ese atajo discursivo deja daños duraderos: comunidades estigmatizadas, conflictos sociales agravados y una democracia más frágil.
UNA ADVERTENCIA DEMOCRÁTICA
La crítica al Gobierno de Javier Milei no es ideológica en abstracto; es democrática y ética. Un Estado que naturaliza el racismo institucional debilita su propia legitimidad. Un gobierno que acusa sin probar no combate el delito: lo banaliza. Y una sociedad que tolera esos discursos se acostumbra peligrosamente a que los derechos dependan del origen.
Los incendios deben investigarse con rigor técnico y judicial. Los responsables, si los hay, deben ser juzgados con todas las garantías. Pero convertir a un pueblo entero en sospechoso no es política de seguridad: es una forma de violencia simbólica que la Argentina ya debería haber superado.
La democracia no se defiende señalando minorías. Se defiende con evidencia, con derechos y con un Estado que asuma sus responsabilidades sin buscar chivos expiatorios.
Muy buen análisis, excelente enfoque