El gobierno de Gustavo Valdés enfrenta un serio cuestionamiento tras las denuncias del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), que alertó sobre semanas sin clases en varias escuelas por la falta de cobertura de vacantes docentes. La prolongada demora en el otorgamiento de licencias laborales por razones de salud y la inacción del Ministerio de Educación para cubrir esas vacantes generan una profunda crisis educativa, con alumnos que pierden días y hasta semanas de clases.
En niveles primarios, los estudiantes acumulan al menos una semana sin clases, mientras que en secundaria y terciaria la ausencia de docentes se extiende a más de un mes, dejando materias enteras sin dictar y contenidos sin desarrollar. Esta situación refleja, según SUTECO, una política de ajuste explícito en educación, que se suma a cierres de cursos y grados en zonas rurales producto de recortes presupuestarios.
El abandono también se evidencia en las condiciones edilicias, insuficientes para afrontar las bajas temperaturas que afectan a escuelas y que, en algunos casos, motivan suspensiones de clases. La falta de inversión y planificación deja en evidencia una gestión provincial desconectada de la realidad y de las necesidades del sistema educativo.
Uno de los factores críticos es la excesiva centralización del contralor médico para el otorgamiento de licencias, que obliga a docentes del interior a viajar hasta la capital provincial para realizar trámites burocráticos, con costos de tiempo y dinero. Esta demora y burocracia innecesaria se traduce en licencias denegadas, configurando, según el sindicato, un abuso de autoridad y un grave cercenamiento de derechos laborales.
Por otro lado, la precariedad salarial es un problema estructural: el Fondo Compensador Provincial, que representa el 52% del salario inicial de un docente, no es remunerativo ni bonificable, lo que implica que los jubilados no lo cobran y los docentes activos no lo perciben como parte del aguinaldo. Esta situación provoca pérdidas de hasta un 40% de ingresos para los docentes jubilados y una desvalorización constante del salario que no supera la línea de pobreza.
Las demandas de SUTECO incluyen la urgente actualización del salario básico, la incorporación del Fondo Compensador al salario bonificable, y mejoras para jubilados y activos. La respuesta del gobierno de Valdés, sin embargo, sigue siendo insuficiente, evidenciando un modelo que prioriza el ajuste y la reducción de derechos por sobre la calidad educativa y el bienestar del sector.
La educación en Corrientes, bajo la gestión de Valdés, atraviesa una crisis profunda: con escuelas deterioradas, docentes desmotivados y alumnos perdiendo el derecho básico a la enseñanza. Este escenario no sólo amenaza el presente escolar, sino el futuro social y económico de la provincia.
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