El sistema de salud de la provincia de Corrientes, durante la gestión del gobernador Gustavo Valdés, atraviesa una crisis marcada por denuncias recurrentes de mala administración, falta de transparencia y prioritización de intereses particulares, que ponen en tela de juicio la gestión oficial y la respuesta ante las demandas sociales.
ESCÁNDALO DE LAS VACUNAS COVID-19
En marzo de 2021, la polémica se instaló con la denuncia al ministro de Salud provincial, Ricardo Cardozo, quien fue descubierto trasladando 900 dosis de la vacuna Sputnik V en su vehículo particular, sin cumplir con los protocolos de seguridad y conservación. Este episodio fue señalado por sectores opositores y sindicatos como un símbolo de la desorganización y la improvisación que caracterizan a la administración sanitaria provincial. Pese al reclamo generalizado de renuncia, Valdés defendió a Cardozo, minimizando la gravedad del hecho y asegurando que se trató de una “operatoria habitual”. Esta respuesta evidenció una falta de autocrítica y compromiso real con la transparencia y la salud pública.
FALTA DE OXÍGENO EN EL HOSPITAL DE CAMPAÑA
Durante la segunda ola de la pandemia, en 2021, se agravó la crisis sanitaria con la falta de suministro de oxígeno en el Hospital de Campaña. La carencia del insumo básico para el tratamiento de pacientes con COVID-19 evidenció la insuficiente capacidad de planificación y gestión del sistema sanitario provincial. La oposición cuestionó con dureza al gobierno, denunciando la falta de previsión y el abandono de los sectores más vulnerables en un momento crítico.
POLÉMICA POR LAS AMBULANCIAS ENTREGADAS POR LA NACIÓN
En diciembre de 2022, la llegada de nueve ambulancias otorgadas por el gobierno nacional al sistema provincial se vio empañada por una polémica cuando el gobierno de Valdés retiró los logos y señalizaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Este acto fue interpretado como un intento de ocultar la ayuda federal para presentarla como logro exclusivo del gobierno provincial, lo que generó una nueva ola de cuestionamientos y denuncias sobre el manejo político de los recursos destinados a la salud pública.
FAVORECIMIENTOS A EMPRESARIO FARMACÉUTICO
En 2024, una nueva denuncia sacudió la administración sanitaria: el Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCor) habría beneficiado al empresario farmacéutico Juan Alejandro Castro, propietario de la cadena Farmar, al cubrir el 50% del costo de la vacuna contra el dengue exclusivamente para afiliados que la adquirieran en sus locales. Además, Farmar habría tenido prioridad en la provisión de medicamentos al IOSCor, situación que genera sospechas de conflicto de interés y falta de transparencia en la administración pública. Estos hechos ponen en duda el compromiso del gobierno con la equidad y el buen uso de los fondos públicos.
UNA GESTIÓN MARCADA POR LA INEFICIENCIA Y LA OPACIDAD
Las reiteradas denuncias de irregularidades en el sistema de salud correntino reflejan un patrón preocupante: una gestión que prioriza el marketing político y los intereses particulares por sobre la atención efectiva y transparente a la población. En lugar de fortalecer la infraestructura sanitaria y garantizar el acceso equitativo a servicios de calidad, el gobierno de Valdés ha respondido con defensas corporativas y actos de opacidad que afectan directamente a la ciudadanía.
Las críticas apuntan a la necesidad de un cambio profundo en la política sanitaria provincial, con mayor control público, rendición de cuentas y participación de la sociedad civil. Mientras tanto, la salud pública sigue siendo una asignatura pendiente en Corrientes, con consecuencias palpables en la vida diaria de sus habitantes y un desgaste creciente de la confianza en sus autoridades.
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