La provincia de Corrientes se encuentra bajo la lupa de una investigación federal que busca determinar si una facción del grupo criminal “Tren de Aragua” opera en Argentina con base en su territorio. La causa, por lavado de dinero y financiamiento criminal, ya tiene procesamientos firmes y se reactivó con la reciente detención de un ciudadano venezolano con antecedentes vinculados a la banda.
La investigación judicial, avalada por la Cámara Federal, describe una sofisticada estructura económica que habría utilizado Corrientes como uno de sus principales puntos de apoyo desde al menos 2019. El entramado financiero incluiría transferencias informales de dinero (sistema hawala), uso de comercios como pantalla y envío de fondos al exterior, parte de los cuales estarían vinculados a la organización criminal.
El nuevo detenido, cuya imputación fue informada recientemente por la Fiscalía Federal correntina, no forma parte del grupo ya procesado, pero su situación —con movimientos migratorios irregulares y elementos de identificación asociados a la banda— fortalece la hipótesis de una presencia activa en la provincia. Fuentes judiciales lo consideran una pieza más de un rompecabezas mayor.
Este escenario tiene antecedentes recientes, como las condenas confirmadas semanas atrás contra una red de transferencias ilegales en Buenos Aires investigada por sus vínculos con el financiamiento del Tren de Aragua. Las similitudes en los métodos utilizados refuerzan la idea de un patrón común, colocando a Corrientes como un punto sensible en el mapa judicial argentino sobre esta organización.