La titular del Juzgado de Ejecución de Condena de Corrientes, doctora Teresa Zacarías, emitió un oficio dirigido al ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos, donde alerta sobre la grave situación de sobrepoblación en el sistema penitenciario provincial. Según el documento fechado el 23 de mayo de 2025, el número de personas condenadas supera en 143 la capacidad operativa de las cárceles, una problemática que viene denunciándose desde hace años sin respuestas concretas del gobierno de Gustavo Valdés.
LA CRISIS PENITENCIARIA IGNORADA
El informe revela que actualmente hay 1.058 internos alojados en unidades con capacidad para 915 personas, destacándose el Complejo Penitenciario N°1, que registra un exceso de 158 detenidos sobre su cupo máximo de 720. Esta realidad incumple los estándares mínimos de derechos humanos, afectando la dignidad, integridad física y emocional de los reclusos.
La situación no es nueva ni fortuita. Desde distintas organizaciones y organismos de control, incluyendo el Comité Provincial contra la Tortura, se vienen advirtiendo estas falencias desde hace años. Sin embargo, el oficialismo provincial no solo demoró las soluciones sino que parece tomar conciencia del problema sólo a pocos meses de las elecciones, en una clara muestra de gestión reactiva y falta de voluntad política.
VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
La jueza Zacarías remarca que el hacinamiento vulnera el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo”. Asimismo, recuerda la jerarquía constitucional de los tratados internacionales que exigen condiciones dignas para las personas privadas de libertad. Sin embargo, el Estado provincial ha fallado en cumplir con estas obligaciones básicas.
Esta precariedad no solo impacta en la salud y bienestar de los detenidos, sino que impide el cumplimiento efectivo del sistema resocializador, uno de los pilares de la Ley N° 24.660. El hacinamiento dificulta los programas de reinserción social, agravando así la problemática de la seguridad pública a mediano y largo plazo.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DE VALDÉS
El atraso en la ampliación y mejora de la infraestructura penitenciaria expone la desidia del gobierno provincial frente a un problema estructural que debería ser prioridad de gestión. La demora en la toma de decisiones y la ausencia de planes concretos han llevado a que hoy la crisis sea visible y profunda.
En lugar de abordar la cuestión con anticipación, el oficialismo parece reaccionar solo ante la presión electoral, intentando maquillar una problemática que sigue afectando a una población vulnerable y poniendo en jaque el sistema judicial y de seguridad provincial.
LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE INTEGRAL
La juez Zacarías solicitó una coordinación urgente entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para ampliar, refuncionalizar y adecuar las unidades penitenciarias. Esta convocatoria, que debería haber sido escuchada hace años, llega en un momento en que las demoras ya cuestan derechos y agravan condiciones.
Desde la oposición se exige no solo respuestas inmediatas, sino un cambio de paradigma que priorice la inversión en políticas públicas de seguridad y justicia social, más allá de los plazos electorales. La crisis carcelaria es un reflejo de la incapacidad del oficialismo para administrar el Estado y garantizar derechos básicos a todos los ciudadanos.
Sin políticas claras y compromiso real, Corrientes seguirá postergando soluciones y condenando a miles a vivir en condiciones inhumanas, mientras el gobierno mira hacia otro lado hasta que se acerquen los comicios.
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