La diputada nacional por Corrientes, integrante del PRO, reiteró sus críticas hacia el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y presentó un proyecto para su disolución, argumentando que el organismo no ha cumplido con su función principal durante más de dos décadas.
En declaraciones al medio Misionescuatro, la legisladora fundamentó que, pese a la considerable recaudación anual de 2.500 millones de pesos, los pequeños productores no han visto mejoras significativas en su situación. Según su análisis, el INYM, creado originalmente para resolver un conflicto sectorial, no ha logrado responder a las demandas reales del sector.
La diputada señaló que de las 46 decisiones sobre precios tomadas en estos 22 años, en 26 ocasiones fue necesario que intervenga el Ministerio de Agricultura por falta de consenso entre los miembros del directorio. Este dato expone, según ella, la falta de eficacia interna en la toma de decisiones.
Además, cuestionó la utilización de recursos públicos, mencionando que las giras y acciones para abrir mercados en el interior del país no han producido resultados palpables que justifiquen la inversión realizada. Para la legisladora, los productores siguen enfrentando las mismas dificultades que en los inicios del organismo.
Otro punto crítico es la duplicación de funciones, ya que, sostuvo, muchas de las tareas del INYM podrían ser asumidas por otros organismos estatales, como la Cancillería o las secretarías de comercio exterior. En ese sentido, advirtió sobre una contradicción central: el instituto se financia con fondos que aportan las mismas empresas que debe controlar, lo que genera un conflicto de intereses.
Este planteo se suma a un debate más amplio sobre la estructura del sector yerbatero y la eficiencia de sus organismos reguladores, abriendo un espacio para discutir reformas que atiendan las demandas de los pequeños productores y la transparencia en la administración pública.
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