El juez Daniel Alejandro Azcona, de Santa Lucía, ordenó el embargo preventivo sobre los bienes de un hombre condenado penalmente por violencia de género y abuso sexual, en el marco de una demanda por daños y perjuicios iniciada por la víctima.
FUNDAMENTOS DE LA MEDIDALa demandante reclamó una indemnización de $33.287.169,66 por daño moral. Ante el riesgo de que el acusado dispusiera de sus bienes y la futura sentencia no pudiera ejecutarse, su abogado solicitó el embargo preventivo sobre propiedades en Lavalle y la ciudad de Corrientes.
EL JUEZ APLICÓ PERSPECTIVA DE GÉNEROAzcona consideró que la condena penal ya impuesta constituye un indicio suficiente del daño alegado por la demandante. Además, resaltó la necesidad de garantizar la ejecución de una eventual sentencia favorable a la víctima, aplicando la perspectiva de género en su análisis.
LA DECISIÓN JUDICIALEl magistrado resolvió el embargo hasta cubrir la suma reclamada más un 20% adicional para intereses y costas. También ordenó su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble para evitar maniobras que impidan la reparación económica de la víctima.
El fallo sienta un precedente sobre la protección patrimonial en casos de violencia de género. ]]>