Dos niños goyanos recibieron, este miércoles 11 de junio, una silla postural y una medicación hormonal provistas por programas estatales, tras gestiones realizadas ante organismos provinciales y nacionales. Si bien la entrega de estos insumos representa un alivio inmediato para las familias, también deja al descubierto la falta de un sistema sostenido y accesible de atención integral a infancias con condiciones crónicas o discapacidades en la ciudad.
UNA REALIDAD QUE SUPERA LOS GESTOSFernando Martínez Ojeda, de 5 años, padece parálisis cerebral y recibió una silla postural a través del programa nacional Incluir Salud, dirigido a beneficiarios de pensiones no contributivas. Este equipamiento, esencial para mejorar su postura, movilidad y calidad de vida, llegó tras un extenso trámite burocrático, cuya resolución dependió más de vínculos y gestiones que de un derecho garantizado. La situación de Fernando no es aislada: en Goya, decenas de familias atraviesan caminos similares para acceder a dispositivos básicos.
En la misma jornada, se entregó un tratamiento hormonal para Sergio Flores, de 9 años, paciente de la Fundación Oncojuvenil. En este caso, el medicamento fue provisto por el Ministerio de Salud provincial, pero también como resultado de un circuito de intermediaciones. El fármaco es parte de un tratamiento prolongado para estimular el crecimiento del niño, y su disponibilidad mensual depende de renovaciones que no siempre están aseguradas.
Estos casos reflejan cómo la obtención de insumos esenciales en salud no forma parte de una política de acceso automático, sino que depende de redes informales, apoyos circunstanciales y capital político de los actores que interceden.
FRAGMENTACIÓN Y DEPENDENCIA DE PROGRAMAS AISLADOSEl sistema de provisión de tecnologías de apoyo, como sillas posturales, y de medicación especializada para enfermedades poco frecuentes o tratamientos prolongados, está hoy altamente fragmentado. Programas como Incluir Salud o planes provinciales no siempre funcionan de forma coordinada, y su cobertura varía según la disponibilidad presupuestaria, las prioridades del momento o la capacidad de presión de las familias involucradas.
La dependencia de estos dispositivos genera desigualdades evidentes: quienes logran visibilizar sus casos tienen más posibilidades de recibir respuestas, mientras que otras familias quedan relegadas por falta de tiempo, contactos o conocimientos técnicos para sostener los trámites.
Además, no existen en Goya oficinas locales de atención directa para este tipo de necesidades, lo que obliga a los usuarios a viajar o comunicarse con dependencias en la capital provincial o nacional, con escasa capacidad de seguimiento.
LAS ORGANIZACIONES COMO SOPORTE SILENCIOSOEn ausencia de una política pública de salud integral para la infancia con condiciones especiales, son las organizaciones sociales las que sostienen el vínculo entre las necesidades y las respuestas posibles. Tal es el caso de la Fundación Oncojuvenil, que trabaja acompañando a niños con enfermedades oncológicas y a sus familias en procesos largos y emocionalmente complejos.
Estas organizaciones no solo brindan contención, sino que también operan como gestores paralelos, realizando trámites, articulando con profesionales, consiguiendo insumos por donaciones o reclamos colectivos. Su existencia revela una falla estructural: si el sistema funcionara con autonomía y equidad, su rol no debería ser imprescindible para acceder a derechos básicos.
EL RIESGO DE LA POLITIZACIÓN DEL DERECHO A LA SALUDCuando el acceso a dispositivos o medicamentos depende de intervenciones individuales o gestiones coyunturales, se debilita el principio de universalidad de los derechos. En este esquema, lo que debería ser una garantía se transforma en un favor, y las familias deben agradecer lo que el Estado está obligado a brindar. El carácter esporádico de las entregas refuerza una lógica de asistencialismo que no resuelve los problemas de fondo ni construye autonomía.
Además, este modelo reproduce un círculo en el cual los casos más visibles —por su exposición mediática o su cercanía con funcionarios— obtienen solución, mientras que otros, invisibilizados, siguen esperando. Se construye así una política basada en la excepción y no en la regla, incapaz de generar igualdad real de condiciones.
URGENCIA DE UNA POLÍTICA LOCAL CON ENFOQUE INTEGRALGoya carece de una política municipal de salud infantil con eje en la equidad y la accesibilidad. No existen programas propios que acompañen de forma continua a niños con discapacidad, enfermedades crónicas o tratamientos prolongados. Tampoco hay un registro local que permita dimensionar cuántas familias necesitan apoyo terapéutico, dispositivos técnicos o acceso regular a medicación especializada.
Frente a esta carencia, se vuelve imprescindible la creación de una política local que reconozca estas realidades, articule con las instancias provinciales y nacionales, y genere canales estables de atención, sin depender de actos públicos ni intervenciones ad hoc.
Mientras tanto, las entregas puntuales, aunque valiosas, no deben ocultar la necesidad de construir un sistema que funcione sin excepciones ni intermediarios. La inclusión no puede depender de una foto ni de una gestión; debe ser el resultado de un compromiso estructural con la justicia social y el derecho a la salud para todas las infancias.
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