Mientras el Gobierno provincial de Gustavo Valdés exhibe con entusiasmo la compra de drones educativos como símbolo de modernización, una realidad mucho más cruda golpea a diario a las comunidades rurales. En el paraje San Martín, departamento Goya, el intento fallido de poda de un árbol por parte del Municipio de San Isidro derivó en un siniestro que revela el estado de abandono en que se encuentran muchas escuelas del interior: cortocircuitos, incendio en una escuela primaria, una vivienda destruida, un niño hospitalizado y una región entera sin suministro eléctrico.
Lo sucedido este martes por la mañana no es un hecho aislado ni un accidente fortuito. Es consecuencia directa de una estructura estatal que privilegia la cosmética tecnológica por sobre las condiciones básicas de infraestructura y seguridad. El árbol cayó sobre el tendido eléctrico, generando una cadena de cortocircuitos que derivó en explosiones dentro de la Escuela N.º 679. El incendio derritió el cableado de las aulas, obligó a docentes y alumnos a evacuar con desesperación, y afectó también a una casa lindante, donde los daños materiales fueron totales y un niño resultó intoxicado por inhalación de humo.
NEGLIGENCIA Y AUSENCIA ESTATAL
La tarea fue dirigida por el secretario de Obras Públicas de San Isidro, quien —según testimonios de vecinos— no tomó ninguna medida preventiva mínima para evitar el desastre. La reacción social no se hizo esperar: las familias de los estudiantes y habitantes de la zona exigieron su renuncia y apuntaron directamente al intendente Carlos Martínez, a quien señalan por reiterados episodios similares.
Más allá de las responsabilidades municipales inmediatas, el hecho deja al desnudo una problemática mayor: el Estado provincial desatiende de forma crónica el mantenimiento y la seguridad de las escuelas rurales. Mientras tanto, se destinan fondos a proyectos que, sin una base sólida en servicios esenciales, resultan tan llamativos como inoperantes. Los drones pueden ser útiles herramientas pedagógicas, pero de nada sirven si las escuelas no tienen electricidad, si las instalaciones eléctricas son obsoletas o si no existe una planificación elemental para prevenir tragedias.
LA LÓGICA DEL MARKETING VS. LAS NECESIDADES REALES
El caso de San Isidro pone en evidencia una política educativa basada en el marketing gubernamental y no en la mejora efectiva de las condiciones de enseñanza. Las maestras deben salir a pedir ayuda a los municipios porque no hay respuestas provinciales. Las escuelas rurales —espacios centrales para la integración social y el desarrollo equitativo— siguen funcionando gracias al esfuerzo voluntarista de docentes y comunidades, mientras el Estado prioriza inversiones que sólo buscan impacto mediático.
Esta es una oportunidad para preguntarnos, con seriedad, hacia dónde están dirigidas las prioridades de gobierno. ¿A cuántos alumnos beneficia un dron, frente a las consecuencias de un incendio escolar por falta de mantenimiento? ¿Cuántas escuelas más deben quedar sin luz o sufrir siniestros para que se comprenda que la inversión educativa empieza por garantizar lo elemental?
UN LLAMADO A REVISAR EL MODELO PROVINCIAL
El modelo de gestión que representa la alianza oficialista en Corrientes liderada por Gustavo Valdés, acumula años de desinversión estructural en áreas sensibles. No se trata de un incidente técnico sino de una consecuencia política. Porque cuando el Estado está ausente en lo básico, la responsabilidad no es del azar, sino de quienes toman —o no toman— decisiones.
Una verdadera política pública debe comenzar por lo urgente: infraestructura segura, escuelas dignas, servicios básicos garantizados y personal capacitado. Solo así se puede pensar luego en incorporar tecnología, no como maquillaje, sino como herramienta de mejora concreta en la calidad educativa.
Mientras tanto, el humo sigue impregnando las paredes de la Escuela N.º 679, símbolo de una provincia que no prioriza lo que verdaderamente importa.