A tres meses de las elecciones municipales, el intendente de Goya, Mariano Hormaechea, anunció a través de sus redes sociales el pago de un plus de 42.000 pesos para trabajadores de planta permanente y contratados del municipio. El depósito se realizará este jueves 12 de junio, según el mensaje difundido por el jefe comunal. Si bien la medida fue celebrada por algunos sectores, desde la oposición advierten sobre el uso político de fondos públicos y cuestionan la oportunidad del anuncio.
BONO EN CONTEXTO ELECTORALEl pago del plus llega en un contexto marcado por el inicio del calendario electoral y en medio de crecientes cuestionamientos a la gestión de Hormaechea por la falta de obras estructurales, la precarización laboral y el deterioro de los servicios municipales. El desembolso del bono, que alcanzaría a más de 1.200 agentes municipales, representa un gasto millonario para las arcas locales, lo que genera preocupación en sectores que reclaman mayor transparencia en la administración de los recursos públicos.
“Es evidente que el intendente está utilizando el presupuesto municipal como herramienta de campaña. No hay un plan estratégico, no hay mejoras reales para los vecinos, pero sí hay plata para intentar asegurar votos”, expresó un dirigente opositor del espacio Goya Puede, quien además reclamó que el Ejecutivo no haya presentado informes detallados sobre el origen de los fondos para financiar esta bonificación.
FONDOS SIN RENDICIÓN Y CON DUDASDesde la oposición también señalaron que el municipio acumula deudas con proveedores y mantiene frenadas varias obras barriales por falta de ejecución presupuestaria. “El bono no forma parte de una política salarial de largo plazo, sino que es un parche con fines claramente proselitistas. Mientras tanto, las calles siguen intransitables, las plazas deterioradas y los servicios básicos desbordados”, denunció la concejal María Eugenia Ortiz.
En ese marco, legisladores provinciales ligados a la oposición solicitaron que el Tribunal de Cuentas intervenga para verificar la legalidad del uso de partidas municipales con fines que podrían encuadrarse como clientelismo. “Cuando el Ejecutivo se mueve con fondos públicos en tiempos de campaña, la línea entre gestión y propaganda se vuelve peligrosamente borrosa”, añadieron.
DESIGUALDAD EN EL ACCESO Y CRITERIOS ARBITRARIOSOtro de los cuestionamientos se centra en la exclusión de trabajadores jornalizados y cooperativistas del pago del plus. “Una vez más, el intendente decide beneficiar a un sector y deja afuera a cientos de trabajadores que también cumplen funciones esenciales para el municipio. Es una medida desigual que ahonda la fragmentación dentro del mismo Estado local”, criticó el sindicalista Ramón Segovia, del sector de empleados municipales autoconvocados.
Según trascendió, no hay compromiso por parte del Ejecutivo para extender este tipo de bonificaciones al resto del personal precarizado. La medida, lejos de fortalecer la estructura laboral del municipio, evidencia una política de administración con doble vara, orientada más por la conveniencia electoral que por criterios de justicia salarial.
MENSAJE EN REDES Y SILENCIO ANTE LOS MEDIOSEl anuncio se realizó exclusivamente a través de los canales digitales del intendente, sin conferencia de prensa ni declaraciones públicas que permitan repreguntas o explicaciones detalladas. Este estilo de comunicación unilateral ya ha sido cuestionado anteriormente por actores sociales y políticos que reclaman mayor apertura del Ejecutivo local al diálogo institucional.
“No hay transparencia, no hay rendición de cuentas. Solo hay una imagen de campaña en las redes. Esa no es la forma de gobernar un municipio con tantas urgencias como Goya”, apuntó un referente vecinal del barrio Sarmiento.
UNA GESTIÓN EN LA MIRAEl anuncio del bono llega también en un momento en que distintas organizaciones sociales y gremiales comienzan a movilizarse para exigir mejoras salariales estructurales y regularización laboral. Para muchos sectores, el bono de 42.000 pesos no es más que un paliativo momentáneo, insuficiente frente al impacto de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.
“La plata no alcanza, ni con bonos ni con parches. Necesitamos una política seria, un plan de gobierno, no actos de campaña financiados con la plata de todos los goyanos”, concluyó la concejal Ortiz, quien anticipó que presentará un pedido de informes en el Concejo Deliberante para exigir explicaciones formales sobre esta erogación y sus fundamentos.
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