Represión y coronavirus en la Unidad Penal n°1 de corrientes del 17 de abril al 18 de mayo de 2020.
Desde el inicio de la cuarentena en la Argentina la Red de DDHH de Corrientes advertía sobre la situación crítica que se avecinaba por la superpoblación en las cárceles y la falta de suministros esenciales como el agua. Los espacios de detención históricamente han sido lugares para depositar a las personas en condiciones infrahumanas y donde es imposible pensar en buenas medidas de higiene. A esto se suman otra serie de violencias institucionales que llevan a la muerte, algunas veces de forma directa y otras más solapadas.
En particular, la gestión de la emergencia sanitaria al interior de la UP1 evidencia una serie de irregularidades y hechos de negligencia que se describen en el Informe, elaborado por el Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentino (OCSo-NEA) y la Red de Derechos Humanos de Corrientes. El mismo señala que el manejo por parte del servicio penitenciario de un conflicto suscitado por una pelota, como informan los internos, es una pieza más que llevo a que la Unidad Penal N°1 sea el principal foco de coronavirus en Corrientes con casi el 50% de los casos. También la provincia registra la mayor cantidad de casos positivos de Covid-19 de personas privadas de la libertad alojadas en unidades penitenciarias de toda la Argentina. La principal consecuencia fue el contagio de 6 agentes penitenciarios, 15 familiares, 1 personal de salud y -por lo menos- 27 internos. Además de tres hechos de represión con un muerto y 45 heridos.
En este contexto fue que las fuerzas de seguridad asesinaron a Kevin Candia (22 años) y su caso condensa, en el transcurso de una vida breve, muchas de las carencias, las injusticias y la falta de atención del Estado que padece la población más vulnerable en Corrientes.
