La Asociación de Suboficiales Argentinos exige auditoría, transparencia y responsabilidades antes de cualquier cambio en la obra social militar y de seguridad. Advierte que la mayoría de los afiliados percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza.
En medio de versiones sobre una posible reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la Asociación de Suboficiales Argentinos (ASUBA) emitió una contundente posición institucional en la que advierte que la crisis no puede resolverse aumentando los aportes de los afiliados ni sin una auditoría integral previa que determine responsabilidades administrativas y de gestión desde 2013 hasta la actualidad.
Según el comunicado fechado el 19 de enero de 2026, los afiliados al IOSFA vienen sufriendo una “grave degradación en las prestaciones de salud”, con interrupciones de servicios, demoras prolongadas en reintegros, falta de acceso a medicamentos de alto costo y tratamientos suspendidos en varias regiones del país. Esta situación se agrava en un contexto de fuerte deterioro salarial: según un relevamiento de ASUBA basado en datos del INDEC, la mayoría de las jerarquías de suboficiales percibe ingresos mensuales por debajo de la línea de pobreza, con brechas que van del 15% al 50% según el grado.
“El problema no es la existencia del IOSFA, sino deficiencias de gestión, administración y control”, sostiene la asociación, y reclama que cualquier proceso de reorganización incluya mecanismos efectivos para determinar responsabilidades, evitando lo que califican como posibles escenarios de “impunidad institucional”.
ASUBA también denuncia que más del 73% del padrón del IOSFA está compuesto por suboficiales, pensionados y sus familias, quienes no tienen representación con voz ni voto en los órganos de decisión de la obra social. Por eso, exige que cualquier cambio estructural garantice participación real y transparencia.
Ante la posible reestructuración que menciona una publicación del diario Clarín, la asociación expresó cinco puntos clave:
- La crisis no puede resolverse a costa del afiliado. Cualquier aumento de aportes o ampliación de la base de descuento sería un “aumento encubierto del esfuerzo contributivo”, especialmente grave para quienes ya están bajo la línea de pobreza.
- Ninguna reforma es legítima sin auditoría previa, pública y completa. El Estado debe informar con precisión el origen del déficit, el destino de los recursos y las decisiones que llevaron a la crisis.
- Debe garantizarse la continuidad de las prestaciones sin interrupciones ni retrocesos.
- La reorganización no puede implicar impunidad ni traslado de pasivos a los afiliados.
- Los afiliados no pueden ser la variable de ajuste. Es “institucional, social y éticamente inaceptable” financiar la crisis con más descuentos a quienes ya enfrentan condiciones precarias.
“No nos oponemos a una reforma del sistema de salud, pero rechazamos categóricamente cualquier medida que, sin verdad, sin auditoría, sin responsabilidades claras y sin participación del sector mayoritario, pretenda resolver la crisis del IOSFA con más esfuerzo económico de los afiliados”, afirmó ASUBA en su comunicado.
La asociación aclaró que no actúa con fines político-partidarios, sino en defensa del derecho a la salud y la dignidad de los suboficiales y sus familias, y se reserva el derecho de accionar administrativa y judicialmente en caso de que las autoridades no adopten medidas urgentes.
“Callar no es una opción”, concluye el texto, en un llamado a la difusión y la conciencia colectiva. “Compartir también es defender derechos”.
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