El Juzgado Civil y Comercial Nº4 de Corrientes falló a favor de los vecinos del barrio Industrial de la capital provincial, condenando a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) a refacturar las tarifas de electricidad indebidas que se aplicaron en sus boletas. La decisión llega tras la denuncia de más de 4.000 usuarios que buscan anular los aumentos en las facturas de luz, que se remontan a octubre de 2023. El fallo, promovido por el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, es una victoria clave para los afectados.
CONDENA Y RECONOCIMIENTO DE ABUSOSEn un comunicado en redes sociales, Cubilla Podestá celebró el fallo, destacando que la Justicia le dio la razón a los vecinos, quienes durante años sufrieron las altas tarifas de energía. El Juzgado condenó a la Dpec a aplicar la tarifa social a los vecinos del barrio Industrial, lo que representa una reducción significativa en los costos de sus facturas. La medida incluye la refacturación de todos los períodos desde 2019 hasta la fecha, en reconocimiento de los abusos en la facturación.
LA TARIFA SOCIAL Y SUS LIMITACIONESEl fallo también resalta las dificultades que enfrentan los usuarios al intentar acceder a la tarifa social, un beneficio que, según la propaganda oficial, está disponible para hogares de bajos recursos. Sin embargo, muchos de los solicitantes han sido rechazados de manera irregular al presentar sus trámites en las oficinas de la Dpec. La sentencia subraya que el Estado debe garantizar la accesibilidad a los servicios públicos, especialmente para los sectores más vulnerables, evitando que la tarifa se convierta en una carga confiscatoria.
IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIASLa decisión judicial es un precedente importante, ya que los vecinos del barrio Industrial y otros afectados se han visto gravemente perjudicados por las facturas elevadas, con montos que alcanzan los 150 mil, 200 mil y hasta 250 mil pesos mensuales para familias, y más de un millón de pesos para algunos comercios. Este fallo ofrece un alivio para quienes atraviesan una grave crisis económica y luchan por acceder a servicios públicos esenciales a precios justos.
POSIBILIDAD DE NUEVAS DEMANDASEste fallo podría tener un impacto más amplio, ya que se espera que la Sala III de la Cámara Civil de Corrientes falle en un amparo colectivo presentado por más de 4.000 usuarios. El objetivo es anular los aumentos aplicados desde octubre de 2023, que se consideran ilegales. La lucha sigue, con la esperanza de que más familias correntinas puedan beneficiarse de un sistema tarifario más justo.
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