Una serie de sanciones de EE.UU. en 2022 reveló una extensa red global para comercializar oro venezolano, trazando un mapa que conecta el Arco Minero del Orinoco con África y los Emiratos Árabes Unidos. La empresa suiza Minexx fue designada como intermediaria clave en este comercio de “oro de conflicto”, poniendo en jaque a la industria de materias primas de Ginebra.
El esquema funcionaba mediante una compleja triangulación para “lavar” el origen del metal. El oro extraído en zonas devastadas por la violencia y el ecocidio salía de Venezuela hacia puntos de tránsito en África, como Burkina Faso o Mali. Allí, se mezclaba con producción local para obtener certificados de origen falsos que lo presentaban como “oro africano”. Finalmente, el metal “blanqueado” era enviado a centros financieros como Dubái o a refinerías en Suiza para entrar al mercado legal global.
Minexx, que se presentaba como una plataforma para la minería ética, fue señalada por servir como fachada para estas transacciones, operando desde Suiza con centros de acopio en África y destino final en los EAU. Para el gobierno de Maduro, este oro se ha convertido en un salvavidas financiero crucial, intercambiado por efectivo, combustible o suministros médicos a través de vuelos clandestinos.
La caída de Minexx demostró que el Arco Minero es un engranaje de una maquinaria de lavado de dinero que atraviesa continentes. La lucha por el control de este recurso se libra tanto en las minas venezolanas como en los aeropuertos africanos, en una guerra silenciosa donde el brillo del metal oculta redes de corrupción y evasión de sanciones.