El anuncio del Gobierno de Milei, de un aumento del 1,88% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares revela con crudeza la lógica de ajuste que domina la política previsional y social actual. Bajo el argumento de la «movilidad automática» atada al índice de inflación, se oficializa un incremento que en los hechos resulta insignificante frente al deterioro acumulado de los ingresos de los sectores más vulnerables. El haber mínimo, de apenas $326.298, continúa en niveles que condenan a los jubilados a elegir entre medicamentos, comida o servicios básicos.
EL COSTO DE LA VIDA Y LA FICCIÓN DEL PORCENTAJE
El 1,88% aplicado sobre haberes y prestaciones no resiste comparación alguna con la realidad cotidiana. El aumento de alimentos, transporte, medicamentos y tarifas se mueve en escalas mucho mayores. En términos reales, este tipo de corrección es una licuación del ingreso que golpea con mayor dureza a los adultos mayores, los desempleados y las familias que dependen de la AUH. Lejos de protegerlos, el Estado valida la pérdida sistemática de poder adquisitivo, consolidando una desigualdad que se ensancha mes a mes.
UN SISTEMA QUE REPRODUCE INJUSTICIAS
El esquema oficial no introduce cambios estructurales. La distribución de los recursos previsionales sigue siendo regresiva: quienes perciben haberes altos mantienen niveles de ingreso razonables, mientras que los jubilados de la mínima, la mayoría, sobreviven con montos muy por debajo de la canasta básica. A esto se suma la segmentación de las asignaciones familiares según tramos de ingresos y zonas geográficas, que si bien intenta reconocer desigualdades territoriales, lo hace con criterios arbitrarios que no contemplan la extensión de la pobreza en todo el país.
LA PÉRDIDA DE SENTIDO DE LA MOVILIDAD
El Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que estableció la actualización mensual según el IPC, se presenta como una garantía de previsibilidad. Sin embargo, cuando la inflación se mantiene elevada y los aumentos se definen sobre porcentajes pequeños, el resultado es perverso: la movilidad deja de ser un mecanismo de protección para convertirse en una herramienta de ajuste permanente. El derecho a la seguridad social se degrada en un mero cálculo matemático desconectado de las necesidades reales de las personas.
UNA VISIÓN SOCIALDEMÓCRATA NECESARIA
Desde una perspectiva socialdemócrata, este tipo de decisiones no son neutras: implican optar por la estabilidad de las cuentas fiscales por encima de la dignidad de los sectores más frágiles. Un Estado con vocación de justicia social debería garantizar ingresos suficientes para cubrir una vida digna, aún a costa de una mayor progresividad tributaria. Se requieren impuestos más altos a la renta financiera y a la concentración de riqueza, no recortes encubiertos a través de aumentos que no alcanzan ni para un kilo de carne.
EL DESAFÍO DE RECUPERAR DERECHOS
La política previsional no puede seguir siendo administrada como un simple problema contable. Se trata de derechos fundamentales, no de variables de ajuste. El haber mínimo debería garantizar al menos la cobertura de la canasta básica de la tercera edad, las asignaciones familiares deberían estar blindadas frente a la inflación, y la AUH tendría que actualizarse automáticamente en función del costo real de crianza. Sin estas medidas, la movilidad seguirá siendo un eufemismo que esconde lo que en verdad es un ajuste encubierto.
El aumento del 1,88% constituye una afrenta a jubilados, pensionados, trabajadores informales y familias de menores ingresos. Más que un alivio, es una confirmación de que el Gobierno ha renunciado a proteger a quienes más lo necesitan.