El documento atribuido al actual gobierno nacional, en el marco del denominado Plan de Inteligencia Nacional (PIN), representa un retroceso alarmante en términos democráticos y republicanos. La pretensión de institucionalizar desde el aparato estatal una «batalla cultural por controlar el relato» vulnera principios elementales del Estado de Derecho y se sitúa peligrosamente cerca de prácticas propias de regímenes autoritarios. No se trata simplemente de una estrategia comunicacional: es una intervención directa sobre la libertad de expresión, el pluralismo y el debate público.
UN ESTADO QUE ESPÍA OPINIONES
El rol del Estado debe ser el de garante de derechos, no el de vigilante ideológico. Permitir que los servicios de inteligencia —cuya función constitucional está acotada a la defensa nacional y la seguridad interior en casos excepcionales— recolecten información sobre periodistas, economistas y actores sociales por su participación en el discurso público supone una peligrosa ampliación de funciones que contradice los estándares internacionales de derechos humanos. La mera posibilidad de que la disidencia sea tratada como amenaza justifica la alarma: en democracia, disentir no puede ser nunca sinónimo de sabotaje.
UN PRESUPUESTO PARA EL CONTROL SIMBÓLICO
El hecho de que una de las áreas con mayor asignación presupuestaria dentro del organismo de inteligencia sea esta supuesta «secretaría del relato» habla de una redefinición autoritaria del rol estatal. La lógica es clara: no se trata de defender a la ciudadanía, sino de blindar al gobierno de críticas y construir un universo simbólico donde cualquier oposición pueda ser deslegitimada como enemiga. La narrativa libertaria, que dice aborrecer al Estado, no duda en usarlo como herramienta de control discursivo cuando le conviene. Lo que se presenta como lucha cultural no es otra cosa que un dispositivo de disciplinamiento ideológico.
VULNERACIÓN DE DERECHOS Y CONTROL POLÍTICO
Desde una perspectiva jurídica, este plan presenta serias objeciones de constitucionalidad. El artículo 14 de la Constitución Nacional consagra expresamente el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa. Asimismo, la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional establece límites claros a las tareas de los organismos de inteligencia, prohibiendo expresamente la obtención de información sobre personas por su opinión política, pertenencia partidaria, sindical, religiosa o por su actividad periodística. La implementación del PIN en los términos filtrados representaría una violación directa de dicha legislación.
El uso de decretos de necesidad y urgencia para asignar fondos reservados a estas prácticas, eludiendo el control parlamentario, refuerza una matriz de poder que desprecia los contrapesos institucionales. Que esta asignación de $100.000 millones haya sido rechazada por el Senado pero siga vigente por la omisión de la Cámara de Diputados es una evidencia más de la debilidad del sistema de frenos y contrapesos en el contexto actual.
¿QUIÉN CONTROLA A LOS CONTROLADORES DEL RELATO?
La presencia de figuras como Sergio Neiffert, directamente subordinado al asesor presidencial Santiago Caputo —autoproclamado «arquitecto» del relato libertario—, refuerza la idea de una estructura paralela de poder, donde el Estado queda supeditado a operadores con poder informal, sin legitimidad democrática directa. Esta dinámica atenta contra el principio republicano de responsabilidad de los actos de gobierno.
Si se confirma la veracidad del documento, estamos frente a un intento de utilizar el aparato estatal para fines partidarios y propagandísticos, lo cual no solo es inmoral, sino abiertamente ilegal. La sociedad civil, el periodismo independiente, la academia y el poder judicial deben pronunciarse con firmeza. No se trata de una mera diferencia de opinión: se trata de la defensa de los principios constitucionales.
REFERENCIAS
- Constitución de la Nación Argentina. (1994).
- Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Informe sobre la libertad de expresión en América Latina.
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). (2024). Inteligencia y control democrático.
- Diario Página/12. (2024, mayo 26). El documento secreto de la SIDE: controlar el relato.
- Agencia Télam. (2024, mayo 27). Inteligencia, medios y relato: las claves del PIN.
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