El anuncio del Gobierno sobre la eliminación de 71 normas comerciales se presenta como un paso hacia la «simplificación» y la «transparencia» en las relaciones de consumo. Sin embargo, detrás de la retórica libertaria de desburocratización se esconde una política que desprotege a los consumidores, debilita el control estatal sobre la formación de precios y consolida un modelo de mercado sin contrapesos.
ELIMINAR CONTROLES NO ES TRANSPARENTAR
Entre las normas derogadas figuran resoluciones vinculadas a la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y programas como Precios Justos, Precios Cuidados o el SIPRE. Todas ellas, con limitaciones y problemas de aplicación, tenían como fin ofrecer cierta protección frente a la concentración económica y los abusos empresariales. La supresión lisa y llana de estos instrumentos no significa mayor transparencia, sino renuncia del Estado a regular sectores donde la competencia real es escasa o directamente inexistente.
EL CONSUMIDOR COMO PARTE DÉBIL
La narrativa oficial sostiene que las normas eliminadas eran obsoletas o ineficaces. Sin embargo, en un mercado marcado por oligopolios, la ausencia de regulación deja a los consumidores en absoluta desventaja. La experiencia argentina demuestra que sin algún tipo de intervención estatal los precios se disparan, las góndolas se concentran en pocas marcas y los pequeños productores quedan fuera del juego. Una política socialdemócrata debería avanzar en regulaciones más modernas y eficaces, no en la destrucción de todas las herramientas disponibles.
LOS RIESGOS DE UNA ECONOMÍA DESREGULADA
Eliminar normas que fijaban precios de referencia en emergencias (como durante la pandemia) o que establecían cuotas de producción para sectores estratégicos no fortalece al mercado, sino que lo desordena aún más. Dejar librada la distribución de combustibles, alimentos e insumos básicos a la lógica pura de la rentabilidad es, en los hechos, condenar a los consumidores a la especulación y a los aumentos arbitrarios. La desregulación indiscriminada no garantiza eficiencia: garantiza privilegios para los más poderosos.
EL ESTADO COMO GARANTE DE DERECHOS
La política económica no puede reducirse a eliminar normas y licencias. El Estado tiene la obligación de garantizar que la competencia sea real, que los precios no se formen a costa del salario y que los consumidores tengan acceso a bienes de calidad en condiciones justas. Sin marcos regulatorios, los derechos de la ciudadanía quedan subordinados al interés empresario. Un gobierno comprometido con la justicia social debería fortalecer las agencias de control, democratizar la información de precios y ampliar la participación de productores regionales en las cadenas de valor.
UN MODELO QUE PROFUNDIZA LA DESIGUALDAD
Con esta medida, el oficialismo consolida su modelo: desregular, favorecer a grandes grupos económicos y relegar a la sociedad al rol de espectadora indefensa frente a la ley del más fuerte. Bajo la promesa de un “ordenamiento jurídico”, el Gobierno avanza en un desmantelamiento de políticas públicas que, con sus falencias, representaban un resguardo mínimo frente a la voracidad del mercado. El resultado será mayor concentración, más desigualdad y menos derechos para la ciudadanía.