La reciente campaña de la Escuela de Gobierno de la Provincia de Corrientes, encabezada por Lautaro Barbis, intenta mostrarse como una política de Estado transformadora. Sin embargo, más allá de los datos repetidos —“más del 70% de los municipios”, “formaciones en motivación y organización laboral”—, no se han difundido evaluaciones públicas serias, ni se conocen indicadores concretos que permitan medir el impacto de estas capacitaciones en el desempeño real del Estado provincial.
Lejos de tratarse de una estrategia con resultados tangibles, el programa parece una réplica burocrática de iniciativas ya existentes en otros niveles del Estado. La estructura de contenidos ofrecidos por la Escuela —motivación, trabajo en equipo y eficiencia institucional— no presenta innovación alguna, ni responde a demandas específicas de los territorios. Las capacitaciones se formulan de forma genérica, con escasa conexión con los desafíos concretos de gestión que atraviesan los municipios correntinos: falta de recursos, desigualdad territorial, ausencia de planificación a largo plazo y precarización laboral.
En sus declaraciones, Barbis recurre a frases hechas que buscan magnificar una acción rutinaria del Estado: «hacernos presentes en cada uno de los municipios» o «proyectar políticas públicas con mayor legitimidad» son enunciados que no se traducen en políticas concretas. Más aún, califica como “construcción comunitaria” a una política sin participación ciudadana efectiva, sin informes abiertos ni deliberación pública.
Es preocupante también el tono autocelebratorio del discurso oficial. Hablar de un «rumbo fijado para los próximos cincuenta años» en una provincia con niveles estructurales de pobreza, déficit habitacional y deterioro ambiental es, como mínimo, imprudente. No hay evidencia que permita proyectar con seriedad ese horizonte. Atribuir ese supuesto rumbo al “liderazgo de Gustavo Valdés” confirma que el objetivo central de esta Escuela de Gobierno no es la formación, sino la consolidación simbólica del oficialismo.
La Escuela de Gobierno debería ser una herramienta técnica para mejorar la calidad institucional. En cambio, se ha convertido en una tribuna partidaria. No hay transparencia en los contenidos, ni participación de universidades públicas, ni evaluación por parte de organismos independientes. Tampoco se promueve el acceso de trabajadores de base a decisiones curriculares o metodológicas.
El oficialismo provincial recurre a este tipo de iniciativas para maquillar la falta de políticas estructurales. Mientras se ensayan cursos sobre motivación, muchos trabajadores del Estado siguen siendo contratados sin estabilidad, sin condiciones dignas ni posibilidad de ascenso. La gestión de Valdés y su entorno no puede ocultar estas realidades tras eventos itinerantes cargados de retórica y sin control social.
La oposición tiene el deber de exigir que este tipo de programas sean revisados, abiertos al debate público y sometidos a auditorías externas. No se puede construir un Estado eficiente sobre discursos vacíos ni sobre la repetición de lemas propagandísticos. Una política pública que se respete a sí misma comienza con la honestidad sobre sus límites y el compromiso con la evaluación permanente.
]]>