El conflicto laboral en la marina mercante argentina se profundiza, con un impacto directo en Corrientes, donde alrededor de 11.000 familias dependen de esta actividad, principalmente en Empedrado. El reciente decreto nacional 340/25, que regula el régimen de excepción para la marina mercante, implica un recorte salarial cercano al 30% para los embarcadizos y la desregulación de hasta el 50% del convenio colectivo, según denuncian los trabajadores.
RECLAMO AL GOBIERNO PROVINCIAL
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) entregó un petitorio al gobernador Gustavo Valdés, solicitando su intervención para frenar las medidas que afectan a los trabajadores. Gonzalo Soto, secretario del sindicato, manifestó a El Litoral la expectativa de que Valdés tome un rol activo y dialogue con otros gobernadores para revertir el decreto y proteger a los correntinos involucrados en la marina mercante.
“No somos la variable de ajuste”, expresó Soto, enfatizando que los trabajadores ya vienen resistiendo esta situación con acciones en el Senado y exigiendo que el gobierno nacional reconozca la gravedad del impacto. Denunció además la intención de ciertos empresarios y cámaras del sector de usar a los empleados para solucionar sus propias dificultades, en detrimento de los derechos laborales.
PARO NACIONAL Y MEDIDAS DE FUERZA
Actualmente, los embarcadizos mantienen un paro en todo el país, con un alto nivel de movilización y disposición a intensificar las medidas si no hay una convocatoria urgente para negociar. Soto advirtió que la continuidad del conflicto depende de la voluntad del gobierno nacional de dialogar y buscar soluciones, y que la participación del gobernador Valdés es clave para presionar y coordinar acciones conjuntas entre provincias.
IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO EN CORRIENTES
El recorte salarial y la desregulación laboral no solo afectan a los trabajadores directamente, sino que repercuten en la economía local y en la estabilidad de miles de familias correntinas que dependen de la marina mercante. La falta de respuesta gubernamental incrementa la incertidumbre y el descontento social, que puede traducirse en una crisis mayor si no se avanza hacia un acuerdo que garantice condiciones dignas y protegidas para los empleados.
El conflicto pone en evidencia la necesidad de un diálogo serio y responsable entre los distintos niveles del Estado y el sector privado para evitar una escalada que afecte aún más a un sector fundamental para la economía regional y nacional.
]]>