La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes expresó su “preocupación y disconformidad” ante lo que calificó como “falta de respuesta y acción” por parte del fiscal Facundo Sotelo en un procedimiento contra delincuentes rurales reincidentes. Según el comunicado de la entidad, cinco unidades de la Policía Rural permanecieron más de 24 horas a la espera de instrucciones judiciales para proceder a la aprehensión, sin recibir las directivas necesarias a pesar de estar desplegadas en el territorio.
La entidad remarcó que este tipo de demoras impacta directamente en la eficacia de los operativos de seguridad rural, un sector vital para la economía provincial. Subrayaron que la falta de respuestas ágiles desde la Justicia compromete la prevención y persecución del delito en áreas donde las distancias y la logística ya son un desafío adicional, generando un efecto desalentador en el trabajo cotidiano de las fuerzas de seguridad.
La Asociación destacó el trabajo constante y comprometido de la Policía Rural, pero aclaró que ese esfuerzo se ve condicionado cuando los hechos deben judicializarse y no se obtienen definiciones en los tiempos que la situación demanda. Señalaron que la intervención judicial es clave para dar continuidad a los procedimientos, especialmente cuando involucran a personas con antecedentes.
Finalmente, la entidad instó a las autoridades a restablecer una coordinación efectiva y fluida entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad rural, para asegurar que los procedimientos puedan desarrollarse sin demoras injustificadas y fortalecer el Estado de derecho en las zonas productivas de la provincia.