En el marco de una democracia que se jacta de garantizar derechos y libertades, el panorama que nos presenta la gestión del Gobierno provincial de Gustavo Valdés es, por decir lo menos, una ironía. Mientras se promueven discursos de apertura y transparencia, las prácticas que emanan desde el aparato estatal reflejan una profunda contradicción con los valores democráticos. La reciente denuncia que realizaron empleados del ICAA, de público conocimiento, refleja una serie de situaciones que no solo ponen en evidencia la hipocresía del gobierno, sino también una de las grandes falencias de los gobiernos conservadores en Corrientes: la perpetuación de la intervención y el control absoluto sobre organismos clave del Estado.
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) es solo un ejemplo de cómo, en tiempos de democracia, ciertos organismos públicos siguen bajo una sombra de intervención que dista mucho de garantizar la autonomía necesaria para su funcionamiento. La compra y colocación de cámaras de seguridad con audio en el ICAA, como denuncia el Sindicato ATE Corrientes, es un claro reflejo de un gobierno que prefiere la vigilancia y el control extremo de los trabajadores en lugar de brindarles condiciones laborales dignas y un espacio de trabajo respetuoso.
El uso de tecnologías de monitoreo que no solo vigilan el comportamiento de los empleados, sino que además graban conversaciones privadas, representa una violación de derechos fundamentales. En lugar de destinar recursos a la mejora de las condiciones laborales, como el acceso a una conectividad adecuada o la reparación de los baños, el gobierno opta por “hacer caja” a través de medidas innecesarias que solo buscan generar un clima de intimidación. En un escenario donde la falta de materiales básicos para el trabajo es una constante, resulta absurdo que el dinero público se malgaste en vigilancia excesiva.
Este modelo de gestión no es nuevo en Corrientes. De hecho, es parte de una estrategia sistemática por parte de gobiernos conservadores que, a pesar de estar en democracia, mantienen organismos como la DPEC, el IPS y el propio ICAA intervenidos. Esta práctica les permite, de manera impune, recaudar fondos sin rendir cuentas a la ciudadanía, haciendo del manejo estatal una caja de resonancia de intereses personales y partidarios.
La falta de transparencia en el uso de los recursos es una constante en estos organismos, que lejos de cumplir su rol de garantizar servicios esenciales para la ciudadanía, terminan siendo herramientas de control político y económico. No es casualidad que, mientras las condiciones de trabajo y los servicios se deterioran, los recursos destinados a la vigilancia y control continúan en aumento. Es un ciclo vicioso que perjudica tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que dependen de los servicios públicos.
Si algo queda claro en este contexto es que, bajo los gobiernos conservadores, la transparencia es un concepto vacío y las condiciones laborales de los trabajadores se ven gravemente afectadas. La instalación de sistemas de control y vigilancia no solo es una falta de respeto hacia los empleados públicos, sino que también refleja una concepción autoritaria y centralizada del poder, que solo beneficia a una elite política que mantiene un control absoluto sobre los recursos del Estado.
Es hora de que los correntinos nos preguntemos: ¿Realmente vivimos en una democracia o estamos simplemente bajo un régimen que, con el pretexto de la eficiencia, continúa controlando y manipulando todos los organismos estatales a su favor? Mientras seguimos observando cómo el gobierno prioriza la vigilancia sobre la dignidad de los trabajadores, debemos exigir un cambio profundo en las prácticas políticas, uno que coloque la transparencia y el respeto a los derechos laborales en el centro de la agenda pública.