El Gobierno nacional derogó la Resolución N° 187/2025 que establecía un esquema de auditorías para revisar más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. La medida, oficializada a través de la Resolución N° 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), busca replantear el proceso con nuevos criterios que garanticen mayor equidad y transparencia.
REVISIÓN EN PAUSA, PERO NO CANCELADALa resolución original, impulsada por el Ejecutivo el 16 de enero, preveía entrevistas personales y verificaciones médicas a todos los beneficiarios con el fin de detectar irregularidades. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, esas auditorías habían comenzado a revelar un entramado de corrupción interna en la ANDIS, donde se desviaban fondos públicos a personas que no cumplían con los requisitos legales. Sin embargo, tras su aplicación inicial, se detectaron inconsistencias técnicas y metodológicas que llevaron a una revisión del procedimiento.
Los equipos técnicos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas señalaron que la normativa no se alineaba con estándares internacionales en materia de discapacidad. En particular, se cuestionó la validez del baremo médico utilizado para la evaluación de invalidez, que se consideró desactualizado y poco objetivo.
ARGUMENTOS DE LA AGENCIAEl director ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, explicó que la derogación permite reorganizar el proceso desde una base más sólida. «Queremos construir un sistema que realmente garantice justicia para quienes necesitan el acompañamiento del Estado, y eso requiere revisar nuestros métodos», afirmó. La nueva propuesta incluirá criterios más precisos y herramientas de evaluación compatibles con buenas prácticas internacionales.
CASOS DE IRREGULARIDADESEntre las justificaciones del Gobierno para el rediseño del sistema, se detallan casos concretos de fraude. Una auditoría conjunta entre ANDIS y el Servicio Penitenciario Federal reveló que 212 personas privadas de libertad cobraban la pensión sin justificativo. Además, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, detectó 331 prófugos beneficiarios, de los cuales 33 fueron puestos a disposición judicial y 14 detenidos.
Otras irregularidades salieron a la luz en operativos realizados en el conurbano bonaerense. En La Matanza, un hombre obtuvo el beneficio tres días después de solicitarlo, pese a que su evaluación médica había sido negativa. En Quilmes, otro beneficiario comenzó a cobrar en solo seis días, aunque estaba bajo prisión domiciliaria.
Los casos también se vincularon a estructuras políticas. En varias declaraciones, algunos beneficiarios manifestaron que sus pensiones habían sido gestionadas por representantes del Movimiento Evita, lo que sugiere la posible utilización del sistema como herramienta de clientelismo político.
DATOS REVELADORESUn informe difundido en febrero reveló que, en la provincia de Chaco, de 2.689 personas citadas, el 66,79% no cumplía con los requisitos establecidos por la ley y fue dado de baja. Otro 12,83% no se presentó a la evaluación médica. Incluso se identificó a una mujer que cobraba alegando la amputación de un brazo, aunque los peritos verificaron que tenía ambos miembros en perfecto estado.
NUEVA ETAPA EN MARCHADesde la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas se trabaja en una propuesta superadora, que combine eficiencia en el uso de los recursos públicos con protección de los derechos adquiridos. El objetivo oficial es evitar impactos negativos sobre quienes realmente requieren del apoyo estatal, al tiempo que se erradican los beneficios otorgados de manera irregular.
«Estamos comprometidos con una administración responsable y humana. No se trata de eliminar pensiones por capricho, sino de asegurar que lleguen a quienes las necesitan de verdad», afirmaron desde la agencia.
La revisión del sistema es parte de un enfoque más amplio del Gobierno de Javier Milei, que incluye la racionalización del gasto público en distintas áreas. En este caso, la intención declarada es evitar el uso político de los programas sociales y reconstruir la credibilidad institucional de la ANDIS.
Mientras tanto, los actuales beneficiarios seguirán percibiendo sus asignaciones, aunque se espera que en los próximos meses se presente un nuevo esquema de control, con etapas más claras, protocolos unificados y presencia de organismos de control independientes.
La suspensión de las auditorías previas no representa un retroceso, sino una reformulación del proceso de verificación, con criterios mejor fundados desde lo técnico, lo jurídico y lo ético.
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