GOYA. En un encuentro que reunió a dirigentes justicialistas de todo el sur provincial, el exintendente de Paso de los Libres y excandidato a Gobernador, Martín “Tincho” Ascúa, encabezó una cumbre territorial en la ciudad de Goya que culminó con un contundente pronunciamiento oficial del Partido Justicialista en rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La declaración, que lleva las firmas de más de una decena de referentes locales, califica la iniciativa oficialista como un “acto de entrega de la soberanía provincial” y advierte sobre las graves consecuencias que tendría para Corrientes la eliminación de los topes a la venta de campos a capitales extranjeros.
EL PROYECTO QUE ENCIENDE LAS ALARMAS
El próximo 6 de agosto, el Senado de la Nación tratará el proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa del oficialismo nacional que busca derogar las restricciones clave de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, norma que actualmente prohíbe que más del 15% del territorio nacional, provincial o municipal esté en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.
Además del régimen de propiedad, el texto parlamentario incorpora modificaciones en materia de expropiaciones, ejecuciones de desalojos y normativas sobre el manejo del fuego, puntos que, según los dirigentes justicialistas, encienden las alarmas tanto en el sector agropecuario como en los movimientos ambientalistas.
“No es un proyecto técnico, es un proyecto político que responde a los intereses de los grandes fondos de inversión internacionales que ansían quedarse con los recursos estratégicos de nuestra Patria”, señala el documento dado a conocer tras la cumbre.
EL MENSAJE DE ASCÚA: “NUESTRA TIERRA NO SE NEGOCIA”
Durante el encuentro, Ascúa instó a sus pares a “no mirar para otro lado” frente a lo que definió como “la mayor amenaza a la soberanía territorial de Corrientes en décadas”.
“Los Esteros del Iberá, nuestros ríos Paraná y Uruguay, el suelo productivo de nuestra provincia no están en venta. Este gobierno cree que puede decidir el destino de nuestra tierra desde el escritorio de la Casa Rosada, sin conocer nuestras calles, sin pisar nuestro suelo, sin escuchar a nuestra gente”, afirmó el exintendente de Paso de los Libres.
“Están equivocados. El peronismo de Corrientes está de pie y vamos a las plazas, a las radios, a los barrios, a cada rincón donde haya un correntino que quiera defender lo que es suyo”, agregó.
LOS RIESGOS PARA CORRIENTES
El pronunciamiento justicialista enumera los peligros concretos que, a su criterio, traería aparejada la modificación de la ley:
- Extranjerización de zonas ribereñas estratégicas, con el consecuente riesgo para los recursos hídricos de los ríos Paraná y Uruguay.
- Amenaza a los Esteros del Iberá, que podrían ser cercados, explotados y mercantilizados por intereses foráneos.
- Desplazamiento de pequeños y medianos productores, ante el avance del modelo de concentración territorial que expulsa a las familias que trabajan la tierra generación tras generación.
- Pérdida de soberanía alimentaria, cuando la tierra deja de trabajarse para alimentar al pueblo y pasa a ser objeto de especulación financiera.
“Esta no es una discusión técnica ni económica. Es una discusión ética y política. Es defender el derecho de los correntinos a decidir sobre su propio territorio”, remarcó Ascúa.
LA CUMBRE Y LOS DIRIGENTES PRESENTES
La cumbre en Goya reunió a un amplio espectro del justicialismo sur-correntino. Participaron del encuentro Lisandro Paleari y los concejales Belén Gogga y Marcos González (Goya), Natalia Núñez (Esquina), José Alarcón y Mario Romero (Lavalle), Silvia Chamorro (Cruz de los Milagros), Viviana Ojeda (Cecilio Echeverría), Julio Martínez (Yatai Ti Calle), Lucas Barrios (Mariano I. Loza) y Fabián Contreras (Carolina). También estuvieron presentes los compañeros Fernanda Esmay, Benjamín Leiva y Gladys Acevedo.
El documento final lleva las firmas de todos los asistentes y constituye la primera declaración pública conjunta del justicialismo correntino contra la reforma de tierras impulsada por el gobierno nacional.
PLAN DE ACCIÓN Y MOVILIZACIONES
Como parte de las resoluciones adoptadas, los dirigentes acordaron desplegar un plan de acción inmediato que incluye:
- Radios abiertas y mateadas populares en plazas y barrios de la región, buscando alertar a la ciudadanía sobre las consecuencias de la medida.
- Acompañamiento activo a la gran concentración convocada simultáneamente frente al Congreso de la Nación para el 6 de agosto.
- Charla Debate en Corrientes Capital el próximo 3 de agosto a las 17:30, en la sede del Partido Justicialista, sita en Salta 663, donde se profundizará el análisis del proyecto y se definirán nuevas estrategias de lucha.
“Llevaremos esta discusión a cada hogar, a cada plaza, a cada radio abierta. No vamos a permitir que se decida a espaldas del pueblo”, aseguraron los dirigentes en el comunicado.
EXIGENCIAS A LOS SENADORES CORRENTINOS
En un tramo central del pronunciamiento, los dirigentes justicialistas hicieron un llamado urgente a los senadores nacionales por la provincia de Corrientes: Camau Espínola, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.
El documento les exige:
- Voto negativo al proyecto en su estado actual.
- Audiencia pública en la provincia, previa a cualquier tratamiento en el Congreso.
- Incorporación de cláusulas de reciprocidad, que exijan a los extranjeros las mismas condiciones que exigen sus países a los argentinos.
- Blindaje expreso de los humedales, riberas y áreas de reserva natural como territorio no transferible.
“Ellos tienen en sus manos un voto que definirá el destino de nuestra provincia. No les pedimos que actúen por afecto a nuestro partido; les exigimos que actúen por lealtad a su pueblo, por respeto a la Constitución Nacional y por defensa del artículo 124 que garantiza el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales”, sostiene el texto.
EL CONTEXTO LEGISLATIVO
El proyecto que se tratará el 6 de agosto en la Cámara Alta representa, en rigor, un nuevo intento del gobierno de Javier Milei tras el revés que sufrió el DNU 70/2023, cuyo articulado vinculado a tierras fue frenado en su momento por una medida cautelar de la justicia federal.
Desde el justicialismo correntino advierten que la iniciativa busca “avanzar por vía legislativa” con aquello que no pudo lograr mediante decreto, y denuncian que “el gobierno nacional está subestimando la capacidad de veto territorial de las provincias del Norte Grande”.
“Si el Senado aprueba esta ley sin un consenso previo con los gobernadores y las legislaturas provinciales, estará sembrando un conflicto de constitucionalidad. Las provincias tenemos herramientas para defender nuestro territorio”, concluyó Ascúa.