El próximo mandatario, sea Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, asumirá el poder por décimas de diferencia, sin mayoría parlamentaria y con la legitimidad más estrecha en décadas. Sin embargo, para desplazarlo cambiaron las reglas
“Igual lo van a destituir”. Esta frase se repite en los análisis internacionales sobre Perú como si fuera una ley. El problema es que describe un sistema que dejó de existir.
En marzo de 2024, el Congreso aprobó la Ley de Reforma Constitucional N.º 31988 y restableció la bicameralidad por primera vez desde la Constitución de 1993, que la eliminó tras el autogolpe de Fujimori. A partir del 28 de julio de 2026, el Parlamento peruano volverá a tener dos cámaras: Diputados y Senado.
La reforma tiene una consecuencia concreta e inmediata sobre la pregunta que todos se hacen: ¿cuánto dura el próximo presidente?
Bajo el sistema que rigió desde 1993, destituir -o vacar, como se usa en Perú- a un presidente requería 87 votos en una sola cámara. Sin plazos mínimos reales. En la práctica, una coalición opositora motivada podía montar el proceso en 48 horas. Así cayeron Kuczynski, Vizcarra y Castillo. Así se normalizó la inestabilidad como modo de gobierno.
Ahora el proceso tiene dos etapas y ningún atajo. En Diputados, la moción necesita al menos 39 firmas para entrar, y una vez admitida no se puede votar antes del tercer día ni después del décimo: los plazos son fijos por reglamento y no hay manera de acelerarlos. Para aprobar la destitución en esa cámara hacen falta 87 votos sobre 130. Y eso es solo el primer obstáculo. Si pasa, el expediente llega al Senado, donde se necesitan 40 votos sobre 60 para que la destitución sea efectiva.
Ya no existe la destitución exprés: se necesitan dos mayorías calificadas, dos cámaras y dos procesos con sus propios tiempos.
Congreso fragmentadísimo
El Congreso que se eligió el 12 de abril está fragmentado en seis fuerzas. Según las proyecciones de Datum, Fuerza Popular (Keiko Fujimori) —la primera minoría— tiene 44 escaños en Diputados y 22 en el Senado. Juntos por el Perú (Roberto Sánchez) tiene 22 y 14 respectivamente. El resto se reparte entre Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación. Ningún partido llega al 35% en ninguna cámara.
Para sacar al presidente, se tienen que juntar 87 votos en Diputados y 40 en el Senado. Son adhesiones de partidos que no se quieren entre sí, y tienen que ponerse de acuerdo durante un tiempo suficiente como para atravesar dos procesos separados. En el medio, el Ejecutivo tendrá días de margen -gracias a los nuevos plazos- para desarmar la enbestida.
Destituirlo no es imposible. Pero es cualitativamente distinto al raid de expulsiones que fue posible durante una década.
Así, la debilidad electoral del próximo presidente puede devenir en “estabilidad” en el poder.
Cierto es que un presidente que llega raspando con el 50% sabe que no tiene capital para confrontar. Eso lo obliga a negociar, a ceder, a construir alianzas que no necesariamente comparte pero que necesita. Es exactamente el comportamiento que el nuevo diseño institucional premia. Y es exactamente lo contrario de lo que hizo Pedro Castillo, que llegó con mandato popular y lo gastó en conflicto permanente con el Congreso hasta que lo sacaron.
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La fragilidad, en este caso, puede transformarse en disciplina.
Desde 2016, Perú tuvo ocho presidentes. El promedio es uno por año. Pero ese promedio corresponde a un sistema que ya no rige. El noveno presidente va a operar con otras reglas, en un Congreso que ningún partido controla, con un umbral de destitución mucho más complejo que el anterior.
Puede ser el presidente más débil electoralmente en décadas… Pero también el más difícil de derribar.
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