Un año después de la sentencia, Cristina Fernández de Kirchner permanece bajo prisión domiciliaria e inhabilitada para ejercer cargos públicos. El estado de las demás causas judiciales y la disputa abierta en torno a la actuación de jueces y fiscales.
Hoy se cumple un año desde que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está presa por la condena en la causa “Vialidad”. Desde el espacio político de la ex mandataria sostienen que se trata de un hecho de “proscripción política” y piden que la dejen competir en las elecciones. Pero además de la condena a seis años en este expediente, Cristina tiene un frente judicial complejo por delante: está siendo juzgada en la causa “Cuadernos” y está previsto que se inicien los procesos en las causas “Hotesur-Los Sauces” y “Memorándum de Entendimiento con Irán” que la tienen como imputada.
El 10 de junio del año pasado, en una noticia que fue un sacudón político, la Corte Suprema de Justicia, con el voto de sus tres integrantes, dejó firme la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que consideró a la expresidenta responsable del delito de administración fraudulenta y le impidió de por vida ejercer cargos públicos.
En esa misma sentencia, el Máximo Tribunal rechazó condenarla por el delito de asociación ilícita, tal como lo había requerido la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. Una semana después, el 17 de junio, el TOF 2 le informaba que podía cumplir los seis años de condena en prisión domiciliaria pero con una tobillera electrónica, que debe usar cuando sale para turnos médicos e incluso dentro de su casa, en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
En una de sus últimas apariciones públicas antes de quedar detenida, Cristina Fernández de Kirchner pareció anticipar su destino judicial. Fue la tarde del 10 de junio de 2025, en la sede del Partido Justicialista, que entonces presidía. Allí cargó contra los jueces de la Corte Suprema que acababan de confirmar su condena. “Es un triunvirato de impresentables”, dijo sobre Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
La expresidenta sostuvo, además, que los magistrados “agregaron el cepo al voto popular” y vinculó la decisión judicial con “el cronograma electoral”. Apenas unos días antes, Cristina había anunciado su intención de competir como candidata a diputada bonaerense por la Tercera Sección Electoral en las elecciones legislativas.
“Queremos que Cristina pueda ir a elecciones y si la sociedad quiere elegirla, la vote y el que no quiera votarla, no la vota y san se acabó. Hay un montón de argentinos y argentinas que quieren votarla”, dijo el diputado Máximo Kirchner la semana pasada en un reportaje en C5N, pidiendo que se revea la sentencia y abonando la idea de que su detención es una manera de proscripción.
Máximo Kirchner planteó que desde su espacio harán “todo lo posible para que la ex presidenta pueda competir”. “Mientras nosotros más cedemos, la gente vive cada vez peor. Vamos a dejar la piel y la vida para que Cristina pueda ser candidata. Vamos a pelear todo lo que tengamos que pelear”, indicó.
Los primeros meses de detención fueron más activos para la ex presidenta, con distintas publicaciones en redes sociales sobre la marcha del gobierno de Javier Milei y reuniones con allegados. Hasta que en noviembre pasado, recibió a nueve economistas en su casa y lo hizo público vía X. Desde ese momento, el TOF 2 endureció las condiciones de su prisión domiciliaria: redujo la cantidad de personas que la pueden visitar y sumó burocracia a los trámites para quienes quieren verla. Sobre este punto, el diputado Máximo Kirchner responsabilizó a Rosatti, a quien señaló por “abuso de poder” y por “querer humillar”. Máximo objetó que la ex presidenta sólo pueda recibir visitas durante cuatro horas por semana. “Es una persona que ha hecho de la vida pública, de la discusión, del debate, de hablar, de leer, su vida”, dijo. El diputado de Unión por la Patria planteó que no sólo la quieren presa sino además silenciada para el debate público. Este último fin de semana, el tribunal le advirtió sobre sus apariciones públicas por una bandera exhibida desde el balcón de su domicilio y por sus salidas a ese espacio. Ayer, la exmandataria se asomó nuevamente para despedir a Taty Almeida al paso del cortejo fúnebre de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, fallecida el domingo.
A diferencia de hace unos años, en diferentes círculos, se empieza a hablar de la posibilidad de un indulto y se baraja la chance de apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe el caso. El problema de pedir un indulto es que sería reconocer la culpabilidad, algo que la ex presidenta siempre rechazó. Lo cierto es que por ahora, Cristina recién podría solicitar la libertad condicional dentro de tres años, una vez cumplidos los dos tercios de la condena.
Las otras causas judiciales: Cuadernos, Hotesur y Memorándum de Entendimiento con Irán
La mayoría de las causas contra la ex presidenta se abrieron durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019. El fallecido juez federal Claudio Bonadio tuvo a cargo siete de 10 expedientes contra Cristina Fernández de Kirchner que se iniciaron durante la gestión del PRO, con Germán Garavano al frente del Ministerio de Justicia.
En la actualidad, el Tribunal Oral Federal 7 juzga a la ex presidenta, junto a otros 80 imputados, en la causa conocida como “Cuadernos”, una investigación originada a partir de los supuestos cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer del exfuncionario Roberto Baratta, que llegaron a manos del periodista Diego Cabot, de La Nación. Hasta el momento, los originales de esos cuadernos no fueron incorporados al expediente ni aparecieron públicamente.
El juicio comenzó en noviembre pasado y se desarrolla con dos audiencias semanales, los martes y jueves. Su defensa está a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.
En las últimas audiencias del juicio, distintos empresarios acusados aseguraron ante el tribunal que mintieron en su declaración ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Bonadio para ingresar en el régimen de “arrepentidos” y evitar así la detención y el escarnio público.
Otra causa que la tiene como imputada es Hotesur-Los Sauces, en la que se la acusa por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita en el alquiler de hoteles y propiedades a empresarios. En ese expediente, a fines de mayo, la Cámara de Casación Penal habilitó tratar el planteo del fiscal Diego Velasco, quien reclamó que se fije la fecha para el juicio oral. Con ella están imputados, además, su hijo Máximo y los empresarios Lázaro Báez (que cumple una condena de 15 años por la causa “Vialidad” y por otra de fraude) y Cristóbal López, entre otros. En el expediente aún se están llevando adelante pericias contables.
El próximo 4 de septiembre habrá una audiencia preliminar, a la que citó el TOF 5, con el objetivo de organizar la prueba, definir el tiempo y la frecuencia de las audiencias para llevar adelante el juicio.
En los próximos meses, Cristina podría enfrentar un juicio en otra causa: la del Memorándum de Entendimiento con Irán. En abril, el Tribunal Oral Federal 8 rechazó el planteo de nulidad solicitado por Carlos Zannini, al que adhirieron el resto de los imputados, porque entendió que la instrucción no quedó agotada ya que nunca se convocó a declarar como testigo al jefe de Interpol, Ronald Noble, el encargado de publicar las “alertas rojas” respecto de los acusados de nacionalidad iraní.
En esta causa están procesados, además de la ex presidenta y Zannini, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Allan Bogado.
El Memorándum de Entendimiento con Irán nunca llegó a implementarse porque el Congreso de ese país no lo aprobó. Bonadio había procesado a Cristina Fernández de Kirchner por el delito de traición a la patria y encubrimiento, aunque luego la Cámara Federal sólo mantuvo el delito de encubrimiento y revocó la acusación por traición.
Las causas cerradas
En diciembre de 2024, la Corte Suprema sobreseyó a la ex mandataria y al resto de los ex funcionarios en la causa “Dólar futuro”. La causa se había iniciado por una denuncia de un grupo de diputados del PRO y de la UCR.
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