La UBA le pidió que se expida “a la mayor brevedad posible” para que se aplique la ley de financiamiento y calme la crisis, aunque los supremos no tienen plazo para definir.
La comunidad universitaria reclamó en las calles el 12 de mayo. Guido Piotrkowski
Después de la demostración de fuerza que el Frente Universitario dio en las calles de todo el país, ahora la pelea sigue en los tribunales. Ayer, la Corte Suprema de Justicia le dio ingreso al recurso extraordinario que presentó el Gobierno para no cumplir con la Ley de Financiamiento y deberá definirse sobre la cautelar que presentaron los rectores y que ya tiene fallos favorables en primera y en segunda instancia. Mientras tanto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) le pidió que se expida “a la mayor brevedad posible”, aunque desde el máximo tribunal indicaron que no tienen plazo para definir.
Horas después de la cuarta Marcha Federal Universitaria, la CSJN quedó en condiciones de sentar posición en la disputa judicial que llevan desde hace meses el gobierno de Javier Milei y la comunidad universitaria, que pelea porque se respete la ley que fue sancionada y ratificada por el Congreso el año pasado. Ayer, ingresó formalmente el recurso extraordinario que había hecho la Procuración del Tesoro de la Nación ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
Fuentes del máximo tribunal le dijeron a Página/12 que no tienen plazos para definir y que no hay reunión de acuerdos presenciales, por lo menos, por dos semanas. Por lo que, todo indica, que no habrá definiciones en los próximos días como esperan en la comunidad universitaria. Una de las posibilidades es que los supremos le corran vista a la Procuración General de la Nación y, si bien el dictamen no es vinculante, alargaría aún más el proceso porque tampoco tiene plazos para hacerlo.
Mientras tanto, la implementación de la medida cautelar está frenada hasta que la Corte Suprema se defina. Es por eso que ayer, el Consejo Superior de la UBA le pidió que “se expida a la mayor brevedad posible para garantizar la plena vigencia de la Ley Nº 27.795 y la protección efectiva del sistema universitario público argentino”. La presentación abarca a los artículo 5 y 6 que tienen que ver con los salarios de docentes y no docentes y con las becas de los estudiantes, que fueron duramente atacados desde que Javier Milei es presidente.
Desde el CIN informaron que los sueldos de los trabajadores y trabajadoras son los más bajos de los últimos 23 años y de los peores desde el regreso de la democracia. En el documento conjunto que el Frente Universitario leyó ayer en la Plaza de Mayo, indicaron que la pérdida del poder adquisitivo es del 37,13 por ciento, lo que equivale a la pérdida de aproximada de 11 salarios entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. En cuanto a las becas, están congeladas desde que asumió el gobierno libertario, con montos que están en 35.000 pesos para la Progresar y 85.000 para las Manuel Belgrano. Estos dos ítems son los que reclaman las autoridades de las 63 universidades públicas del país en la cautelar.
Lo cierto es que mientras la Corte no define el que gana es el Gobierno porque no transfiere las partidas que establece la ley y que calmarían la situación crítica que viven las casas de altos estudios. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez recordó que durante la pandemia, los supremos resolvieron en tan solo 18 días declarar inconstitucional el DNU 241/2021 que suspendía las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. “¿Cuánto tiempo se tomará ahora para resolver el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el Gobierno para evitar cumplir la medida cautelar —dictada por el juez de grado y confirmada por la Cámara— que ordenó la actualización inmediata de los salarios docentes y no docentes, así como de las becas estudiantiles, hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre la validez constitucional del Decreto 759/2025 que suspendió la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario?”, se preguntó el abogado en sus redes sociales.
Las excusas del Gobierno
Por otra parte, la UBA le pidió a la Justicia que resuelva sobre la cuestión de fondo “para garantizar la plena vigencia de la norma”. El Gobierno de Javier Milei se niega a cumplir con la ley porque sostiene que en el texto no está definido de dónde se sacarán las partidas. Según el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que en los últimos días se dedicó a deslegitimar la marcha con falacias, dijo que “la ley nació muerta porque viola el primer principio que es el presupuestario”. El funcionario estuvo muy activo en las redes sociales y en los medios y se encargó de dejar clara la postura del Gobierno: “Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, dijo.
Semanas atrás, el presidente de la CSJN, Horacio Rosatti, se quejó del exceso de “judicialización de la política” que estira “el punto de partida para llevar adelante un programa, una política, un sistema de transformación de la economía o de la macroeconomía”. Y agregó: “Los debates no se clausuran en el circuito político, sino que hay judicialización y, en la Justicia, siempre se busca llegar a la palabra de la Corte”.
El recorrido de la ley
En agosto de 2025, el Senado sancionó la ley de presupuesto, pero un mes después Javier Milei la vetó con el argumento de que tenía un “costo fiscal inaceptable” a pesar de que la Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que el impacto estimado es del 0,23 por ciento del PIB, un número irrisorio para la magnitud del gasto general. En octubre, el Parlamento rechazó el veto. Pero, a través de un decreto, la Casa Rosada declaró “suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.
En ese momento, los representantes de todas las universidades a través del CIN se presentaron a la Justicia con una acción de amparo contra el Estado Nacional. El 23 de diciembre, el juez Martín Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, y seis días después, el Poder Ejecutivo apeló la medida.
El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de Cormick y ratificó la cautelar a favor de las universidades, algo que finalmente el Gobierno intentó revertir con el recurso extraordinario que ahora debe resolver la CSJN.