La Casa Rosada busca recuperar votos en el Senado con una serie de modificaciones. Entre ellas, subió al 25% el límite de compra a capitales extranjeros. No obstante, la reforma mantiene intacto su objetivo central. Bullrich dará mañana una conferencia con la idea de bajar la tensión.
El Gobierno cambió de estrategia, pero no de objetivo. El rechazo que empezó a crecer dentro y fuera del Senado dejó al oficialismo sin los votos suficientes para aprobar la reforma de la Ley de Tierras y obligó a la Casa Rosada a recalcular. Mientras negocia cambios de último momento e incluso evalúa volver a postergar la sesión, Patricia Bullrich saldrá este martes a defender la nueva versión del proyecto.
El mensaje buscará transmitir que el oficialismo puso límites y escuchó las críticas. Pero, más allá de los retoques, la reforma mantiene intacto su objetivo central.
Según pudo saber este diario, el oficialismo incluso evalúa volver a postergar la reanudación del cuarto intermedio prevista para este jueves si no logra cerrar las negociaciones con los bloques dialoguistas.
La posibilidad de que la sesión pase al 13 de agosto volvió a cobrar fuerza en las últimas horas, mientras continúan las conversaciones con la Casa Rosada y con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor intelectual de la iniciativa.
Bullrich, la voz elegida para bajar la tensión
Con los votos todavía en duda, el Gobierno eligió a Patricia Bullrich para salir a defender la reforma. Este martes, en conferencia de prensa, intentará mostrar que el oficialismo escuchó las críticas, aceptó cambios y está dispuesto a poner límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. La apuesta de la Casa Rosada es bajar la tensión que generó el proyecto y recuperar el respaldo de los bloques dialoguistas antes de una sesión que incluso podría volver a postergarse.
Sin embargo, el foco de la discusión sigue estando en otro lado. Aunque el oficialismo anuncie cambios en los porcentajes o en algunos artículos, el corazón de la reforma permanece intacto: reemplazar el actual régimen de restricciones generales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros por otro mucho más flexible.
En otras palabras, el Gobierno busca mostrar que retrocede sobre el porcentaje permitido, mientras mantiene el cambio de fondo que impulsa la iniciativa. La incógnita es si esa estrategia alcanzará para reunir los votos necesarios o si el Senado volverá a patear el debate.
Qué cambia realmente en la ley
El proyecto elimina algunas de las restricciones más importantes que hoy establece la legislación vigente.
Entre ellas, desaparece la prohibición para que extranjeros adquieran tierras rurales que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua permanentes y de gran envergadura, una de las principales barreras incorporadas por la ley sancionada en 2011.
También elimina el límite máximo de superficie que podía adquirir un mismo titular extranjero. Hasta ahora existía un tope equivalente a unas mil hectáreas en la zona núcleo -con equivalencias para el resto del país-. Ese límite deja de existir con la derogación de los artículos correspondientes.
La reforma también elimina el cupo por nacionalidad. La legislación vigente no sólo fija un porcentaje máximo de tierras extranjerizadas, sino que además impide que una misma nacionalidad concentre una parte significativa de ese cupo. Esa limitación desaparece en el nuevo texto.
El cambio más profundo, sin embargo, es conceptual. El nuevo artículo 3 establece que “las únicas restricciones” para la adquisición de tierras rurales serán cuatro: la prohibición para Estados extranjeros, autorizaciones especiales para empresas con participación estatal extranjera, un límite general del 25% por provincia y controles para operaciones en zonas de seguridad de frontera.
Con esa redacción, el proyecto reemplaza un sistema basado en múltiples restricciones generales por otro sustentado en excepciones específicas.
La pelea por los votos
Ese cambio de enfoque terminó convirtiéndose en el principal obstáculo político para el oficialismo.
La resistencia creció en las últimas semanas entre organizaciones sociales, sectores de la Iglesia, gobernadores y parte de la oposición dialoguista. A eso se sumaron las dudas de varios senadores radicales y de legisladores provinciales que comenzaron a recibir cuestionamientos en sus distritos por el impacto que la reforma podría tener sobre la soberanía territorial.
Incluso dentro del radicalismo aparecieron fuertes diferencias. Mientras el Comité Nacional de la UCR difundió un documento en rechazo al proyecto por considerar que favorece la extranjerización de tierras, varios senadores mantienen autonomía para definir su voto y continúan negociando con el oficialismo.
Ese escenario obligó a la Casa Rosada a reabrir conversaciones que hasta hace pocos días daba por cerradas.
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