Sindicatos convocan para mañana a una jornada provincial de paro, concentraciones y movilizaciones. Los trabajadores cuestionan la insuficiente recomposición salarial y el silencio del gobierno, en vísperas de las fiestas y de nuevos aumentos en el costo de vida

El malestar de los trabajadores estatales comienza a ganar las calles de Corrientes y amenaza con profundizarse ante la falta de respuestas del Gobierno provincial. El sector docente fue el primero en visibilizar el rechazo al aumento salarial del 10%, anunciado para los haberes de diciembre, que se cobrarán recién a fines de año o a comienzos de 2027. Sin embargo, la protesta se extiende a otros sectores de la administración pública que decidieron avanzar con nuevas medidas.

Después de las movilizaciones del lunes, que reunieron a sindicatos docentes, estatales, judiciales, trabajadores de la salud y organizaciones sociales en distintas localidades, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores Estatales (CTA) de Corrientes convocan para mañana a una jornada provincial de lucha, con paro de actividades, concentraciones y movilizaciones.

Según detallaron, a medida comenzará a las 10. En la Capital habrá una concentración a las 10.30 en la plaza 25 de Mayo, donde se realizará una radio abierta. En el interior, las seccionales definirán las modalidades de protesta, incluidas manifestaciones en plazas municipales. La organización ya notificó formalmente a la Secretaría de Trabajo de la Provincia, mediante una presentación realizada el martes último.
El eje del reclamo es el rechazo al 10% dispuesto unilateralmente por el Ejecutivo, porcentaje que los gremios consideran tardío, insuficiente frente a la inflación y al deterioro acumulado de los ingresos. Exigen una recomposición que supere la suba de precios, un salario mínimo equivalente a la canasta familiar y un piso digno para los trabajadores municipales.

También demandan aumentos de emergencia para jubilados y pensionados, además del pase a planta permanente de empleados precarizados, contratados y becados. Los docentes, que impulsaron las primeras expresiones masivas de descontento, reclaman asimismo paritarias y mejoras en los básicos para que los incrementos repercutan en otros conceptos salariales y en las jubilaciones.

El Gobierno, mientras tanto, sostiene el argumento del equilibrio fiscal y de la caída de la Coparticipación Federal, pero no ofrece una respuesta que desactive el conflicto. La distancia entre los porcentajes que exhiben los funcionarios y lo que hoy alcanza el sueldo para comprar se vuelve cada vez más evidente.

En la marcha del lunes pasado, los manifestantes también pasaron frente al Ministerio de Educación y la Casa de Gobierno. Allí cuestionaron la demora de seis meses sin mejoras salariales y reclamaron que se convoque a negociaciones sectoriales. La movilización dejó en evidencia que el descontento no se limita a un solo gremio.
La tensión crece precisamente cuando se acercan las fiestas, los gastos de fin de año y nuevos aumentos de servicios y tributos. Para miles de familias estatales, el 10% llegará tarde y no compensará lo perdido. El silencio oficial, lejos de apaciguar los reclamos, contribuye a que el malestar se organice y gane presencia pública.

CONTEXTO

Mientras el Ejecutivo atribuye las limitaciones salariales a la caída de la coparticipación y a la necesidad de preservar las cuentas públicas, los trabajadores siguen sin respuestas concretas. Las cifras de aumentos que destaca el Gobierno contrastan con una realidad cotidiana: los sueldos alcanzan cada vez para menos. El malestar crece.

EL DERECHO DE HUELGA Y LAS RESTRICCIONES

Sindicatos docentes acompañan las medidas, pero enfrentan límites para convocar a un paro

Los sindicatos docentes de Corrientes acompañan el rechazo al aumento salarial del 10% y las movilizaciones de los estatales, aunque la convocatoria a un paro los enfrenta un escenario de limitación legal debido a la normativa nacional que considera a la educación un servicio esencial y establece la obligación de garantizar una prestación mínima durante las huelgas.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) y la Asociación del Magisterio de Escuelas Técnicas (Amet) son los que encabezaron esta semana, junto a otros gremios estatales, los reclamos por mejores ingresos y condiciones laborales. El secretario general de Suteco, Fernando Ramírez, reconoció ayer a este diario que hubiera sido positivo convocar a un paro el lunes último, cuando se realizaron las primeras manifestaciones.

Sin embargo, se encuentran con un marco normativo, que si bien no prohíbe expresamente el derecho de huelga de los docentes, sí establece condiciones para su ejercicio, lo que genera controversias entre el Gobierno nacional y los sindicatos. La norma que introdujo esta restricción es la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, sancionada en 2024, aunque el régimen específico de servicios mínimos en educación también fue objeto de modificaciones y controversias judiciales posteriores. La cuestión es la posición en que los deja, aunque no quita que puedan manifestarse igual.

Nueva marcha para exigir justicia por Nanci Godoy

La comunidad de Esquina volvió a movilizarse ayer para reclamar justicia por el femicidio de Nanci Godoy, la docente rural asesinada cuyo caso conmocionó a toda la provincia. La concentración se concretó una vez más frente a la Escuela Normal de la ciudad. Los familiares, amigos y colegas de Nanci convocaron a los vecinos a participar de una nueva manifestación para mantener vigente el pedido de esclarecimiento del crimen y evitar que el caso caiga en el olvido.

La invitación también estuvo dirigida a quienes no podían sumarse a la marcha. Pero se pidió el acompañamiento con bocinazos desde sus vehículos, aplausos desde sus viviendas o comercios y colocando imágenes de Nanci en puertas y ventanas. “Sumate como puedas, pero sumate”, expresa la convocatoria, que busca involucrar a toda la comunidad en el reclamo. Los vecinos insisten en que la movilización debe continuar hasta que se esclarezcan las responsabilidades por el asesinato de la docente.

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