A medio siglo de la sanción de la Ley Provincial N.º 3.228, el debate sobre el dominio de la tierra rural, la extranjerización y el poblamiento interior recobra vigencia bajo nuevas lecturas históricas y soberanas.
El 5 de noviembre de 1974, el Senado provincial sancionaba la Ley Provincial N.° 3.228, norma que dio origen al Instituto Correntino de Colonización. Concebida en un contexto socioeconómico que buscaba dar respuesta a la demanda de tierras para el trabajo agrícola, la legislación apuntaba a garantizar la adjudicación de parcelas, el fomento de la producción familiar y el poblamiento del interior provincial.
Sin embargo, el término «colonización» ha sufrido resignificaciones profundas en la memoria colectiva argentina. Particularmente tras la Guerra de Malvinas en 1982, la palabra quedó cargada de una fuerte connotación negativa, asociada en el debate público e ideológico al colonialismo, la desposesión y el sometimiento territorial impuesto por potencias extranjeras.
Pese a esa carga semántica del presente, en el ámbito del derecho agrario del siglo XX el concepto remitía a un objetivo opuesto: el asentamiento organizado de familias trabajadoras para poblar, cultivar y dinamizar los campos fiscales.
Inmigración y poblamiento en el mapa productivo
El proceso de entrega y puesta en valor de la tierra en Corrientes estuvo ligado al flujo de corrientes migratorias que transformaron el perfil demográfico y productivo de la provincia. Familias de inmigrantes —fundamentalmente italianos y españoles, a los que se sumaron luego colectividades europeas y de países limítrofes— se afincaron en diversos departamentos del territorio.
A través del trabajo en parcelas agrícolas, estas familias introdujeron técnicas de cultivo intensivo y modelos asociativos que impulsaron economías regionales como la citricultura, el tabaco, el arroz y la horticultura. La herramienta del ordenamiento agrario estatal surgió precisamente para dotar de respaldo jurídico a esos productores, buscando transformar al arrendatario en propietario y consolidar el arraigo en el territorio.
La radiografía de la propiedad rural: concentración y soberanía
Al analizar la evolución de la tenencia de la tierra en las últimas décadas, la brecha entre aquel espíritu de distribución productiva y la realidad actual se hace evidente. El debate contemporáneo sobre la tierra rural en Corrientes ya no gira únicamente en torno al poblamiento, sino a la concentración del suelo y a la preservación de la soberanía territorial.
Los relevamientos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y los Censos Nacionales Agropecuarios del INDEC muestran datos centrales sobre la estructura agraria provincial:
- Superficie rural provincial: Corrientes cuenta con una extensión de 8,8 millones de hectáreas destinadas a la producción agropecuaria y forestal.
- Superficie provincial extranjerizada: En Corrientes, el 7,63% de la superficie rural total pertenece a titulares de nacionalidad extranjera, lo que equivale a unas 554.000 hectáreas en manos foráneas.
- Disparidad por departamentos: Si bien la provincia se mantiene dentro del tope global del 15% que marca la Ley Nacional N.° 26.737, la distribución departamental presenta fuertes asimetrías. Destaca el caso del departamento de Ituzaingó, en el noreste provincial, donde la extranjerización alcanzó un crítico 33,9% de su suelo rural, duplicando holgadamente el límite legal.
- Retroceso de la pequeña propiedad: En los últimos veinte años, las Explotaciones Agropecuarias (EAP) de menor escala (inferiores a 100 hectáreas) sufrieron una reducción superior al 30%, reflejando la absorción de fincas familiares por parte de grandes emprendimientos forestales y ganaderos.
Un debate pendiente sobre el territorio
La transformación del paisaje rural correntino plantea interrogantes de carácter político e institucional. La disminución de la agricultura familiar y la consolidación de grandes extensiones orientadas al monocultivo o a la inversión inmobiliaria impactan directamente en el despoblamiento del campo y en la migración hacia las periferias urbanas.
En una nación donde la causa Malvinas reafirmó el valor innegociable de la soberanía y la integridad territorial, la discusión sobre quién posee y explota el suelo adquiere un cariz estratégico. El aniversario de la Ley Provincial N.° 3.228 invita a revisar las políticas de acceso a la tierra, no desde la lógica colonial del pasado, sino desde la necesidad presente de resguardar los recursos naturales, fomentar el trabajo local y garantizar un desarrollo armónico en el territorio correntino.