Doce empleados municipales de Goya denunciaron la no renovación de sus contratos trimestrales, pese a contar con varios años de antigüedad y desempeño sin observaciones. La medida fue comunicada sin previo aviso por personal jerárquico secundario, lo que generó malestar y sospechas de motivaciones políticas detrás de la decisión.
CONTRATOS NO RENOVADOSLos trabajadores afectados prestaban servicios en distintas áreas del municipio, con contratos temporales que se renovaban cada tres meses. Según informaron, la mayoría contaba con entre cuatro y seis años de antigüedad. Carolina Fernández, una de las afectadas, declaró: «El 31 de marzo fue nuestro último día. Nos comunicaron de un día para otro que no nos renovarían el contrato. No tenemos ningún cuestionamiento en nuestros legajos».
Los sueldos rondaban los 500.000 pesos mensuales, incluyendo adicionales por tareas específicas. Entre los despedidos figuran trabajadores de la Defensoría de los Vecinos, Cultura, Servicios Públicos y otras áreas operativas.
RECLAMOS Y SOSPECHASLa notificación fue realizada por funcionarios de segundo orden, sin intervención directa de los jefes inmediatos ni del Ejecutivo municipal. Este hecho incrementó el malestar del grupo de cesanteados, que consideran que hubo una falta de respeto en la forma de comunicar la decisión.
Fernández añadió que la medida «parece una persecución política», aludiendo a que varios de los afectados habrían expresado opiniones críticas hacia el Ejecutivo o mostrado simpatía con sectores de la oposición local. El grupo evalúa realizar presentaciones administrativas y judiciales para pedir la revisión de la decisión.
TENSIONES EN LA GESTIÓNDesde hace tiempo, la gestión municipal de Goya se ve atravesada por tensiones internas. El intendente Mariano Hormaechea, perteneciente a la Unión Cívica Radical, mantiene una relación conflictiva con su viceintendente, Pedro Cassani (hijo), referente de Encuentro Liberal (ELI), espacio aliado pero con frecuentes disidencias públicas.
Esta puja interna ha derivado en reacomodamientos de funcionarios y decisiones administrativas que impactan en distintas áreas. La no renovación de contratos se interpreta en este contexto como parte de un ajuste político que podría tener consecuencias en la estabilidad del gobierno municipal.
FALTA DE RESPUESTASHasta el momento, no hubo declaraciones oficiales del intendente ni del secretario de Gobierno sobre el motivo de las cesantías. Tampoco se emitió un comunicado formal que explique si se trata de un recorte presupuestario, una reorganización de recursos humanos o una medida de disciplinamiento interno.
El silencio oficial contrasta con la creciente preocupación entre los trabajadores contratados, que temen que se generalicen estas desvinculaciones. Algunas agrupaciones gremiales del sector público analizan convocar a una reunión abierta para brindar apoyo a los afectados y exigir claridad en los criterios de contratación.
IMPACTO LOCALLa noticia causó impacto en la comunidad goyana, especialmente entre los familiares de los despedidos y sus entornos laborales. La mayoría de los afectados son sostén de hogar y residen en distintos barrios de la ciudad. Aseguran que la decisión los dejó sin ingresos de forma abrupta y sin previsión de reemplazo.
En redes sociales, vecinos y referentes sociales expresaron su solidaridad y pidieron una solución justa. La situación reavivó el debate sobre la precariedad laboral en los municipios y la falta de estabilidad en los contratos de personal técnico y administrativo.
PERSPECTIVASLos exempleados planean continuar visibilizando su reclamo mediante medios locales y movilizaciones pacíficas. En caso de no obtener respuestas, no descartan recurrir a la Defensoría del Pueblo de la provincia o a organismos de control institucional para plantear su situación.
En paralelo, algunos concejales de la oposición anunciaron que solicitarán informes al Ejecutivo sobre el criterio aplicado para la no renovación de contratos y sobre la posible incorporación de nuevos empleados en reemplazo de los desvinculados.
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