La reciente publicación de una encuesta que posiciona al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, entre los cinco mandatarios provinciales con mejor imagen del país ha generado una profunda indignación. Esta maniobra, financiada con recursos públicos, busca distorsionar la percepción ciudadana en vísperas de las elecciones, mientras la provincia enfrenta una crisis socioeconómica sin precedentes.
ENCUESTAS MANIPULADAS FRENTE A UNA REALIDAD DESOLADORA
Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), la pobreza en Corrientes alcanzó el 55,7% en el primer trimestre de 2024, representando un incremento de 14,7 puntos porcentuales respecto al semestre anterior. Paralelamente, la indigencia casi se duplicó, pasando del 8,6% al 15% en el mismo período. Estos números reflejan una realidad alarmante: más de 210.000 correntinos viven en condiciones de pobreza y más de 50.000 en indigencia.
En contraste, una encuesta difundida por CB Consultora Opinión Pública sitúa al gobernador Valdés con una imagen positiva del 58%, ubicándolo entre los cinco mejores mandatarios provinciales. Esta discrepancia entre la percepción promovida y la realidad palpable en las calles de Corrientes es, cuanto menos, sospechosa y merece un análisis crítico.
DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS PARA PROPAGANDA POLÍTICA
Resulta inaceptable que, en un contexto donde más de la mitad de la población correntina se encuentra en situación de pobreza, el gobierno provincial destine recursos públicos a financiar encuestas cuyo objetivo es mejorar la imagen del gobernador. Estos fondos, que provienen del esfuerzo de los contribuyentes, deberían orientarse a políticas públicas que atiendan las necesidades urgentes de la ciudadanía, como la creación de empleo, la mejora de la infraestructura sanitaria y educativa, y programas de asistencia social.
La utilización de consultoras privadas para elaborar encuestas favorables al oficialismo no solo es una práctica cuestionable desde el punto de vista ético, sino que también evidencia una gestión que prioriza la propaganda sobre las soluciones reales a los problemas de la gente.
FALTA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La opacidad en la contratación de estas consultoras y la falta de información sobre los montos desembolsados para tales fines son indicativos de una gestión que evade la rendición de cuentas. La ciudadanía tiene el derecho de saber cómo se administran los recursos públicos y exigir que se utilicen de manera eficiente y en beneficio del interés general.
Además, la difusión de encuestas con resultados dudosos contribuye a la desinformación y manipulación de la opinión pública, socavando los principios democráticos y debilitando la confianza en las instituciones.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL
El gobierno de Gustavo Valdés no puede desentenderse de la crisis que atraviesa Corrientes. La pobreza, la indigencia y el desempleo son indicadores que reflejan el fracaso de las políticas implementadas. En lugar de invertir en estrategias de marketing político, es imperativo que se adopten medidas concretas y efectivas para revertir esta situación.
La responsabilidad de un gobernante es atender las necesidades de su pueblo, no maquillar la realidad para obtener réditos electorales. La historia ha demostrado que las gestiones basadas en la propaganda y la manipulación tienen un impacto negativo en el desarrollo y bienestar de las sociedades.
NO VA MÁS
La discrepancia entre la imagen proyectada del gobernador Gustavo Valdés y la realidad socioeconómica de Corrientes es una afrenta a la dignidad de sus habitantes. La utilización de fondos públicos para financiar encuestas de dudosa credibilidad es una práctica que debe ser condenada y erradicada. Es imperativo que la gestión provincial enfoque sus esfuerzos y recursos en implementar políticas que realmente mejoren la calidad de vida de la población y promuevan un desarrollo sostenible y equitativo.
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