El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó de manera definitiva la sanción impuesta a la compañía por las condiciones que aplicó a fabricantes de teléfonos con Android para favorecer sus propios servicios, como Google Search y Chrome.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó de manera definitiva la multa de 4.125 millones de euros impuesta a Google por prácticas consideradas contrarias a la libre competencia en el mercado de dispositivos móviles con sistema operativo Android. Con esta decisión, el máximo tribunal europeo rechazó el recurso presentado por la compañía tecnológica y su empresa matriz, Alphabet, dejando firme una de las mayores sanciones antimonopolio aplicadas por el bloque.
El origen del caso se remonta a 2018, cuando la Comisión Europea concluyó que Google había aprovechado su posición dominante para favorecer sus propios servicios, en particular el buscador Google Search y el navegador Chrome, mediante acuerdos celebrados con fabricantes de teléfonos inteligentes que utilizan Android.
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Según la investigación, la empresa estableció condiciones que obligaban a los fabricantes a preinstalar determinadas aplicaciones de Google y, además, limitaban la posibilidad de comercializar dispositivos con versiones alternativas del sistema operativo Android que no contaran con la aprobación de la compañía.
En un primer momento, Bruselas había impuesto una multa de 4.340 millones de euros, al considerar que estas prácticas restringían la competencia en el mercado y reforzaban el dominio de Google. Sin embargo, en 2022 el Tribunal General de la Unión Europea confirmó la mayor parte de la resolución, aunque anuló parcialmente algunos aspectos vinculados a acuerdos de reparto de ingresos con fabricantes y operadores móviles. Esa revisión redujo la sanción a 4.125 millones de euros.
Ahora, el Tribunal de Justicia respaldó el criterio del Tribunal General y concluyó que no existieron errores jurídicos en la evaluación del caso. Los jueces consideraron que las conductas atribuidas a Google tenían la capacidad de limitar la competencia y consolidar su posición dominante en el mercado de los dispositivos Android.
La sentencia también confirmó la legalidad del análisis realizado sobre los acuerdos que impedían a los fabricantes vender teléfonos con versiones de Android no autorizadas por Google, al desestimar los argumentos presentados por la empresa para justificar esas restricciones.
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Tras conocerse el fallo, un portavoz de Google manifestó el desacuerdo de la compañía con la resolución judicial. “Esta sentencia no reconoce las importantes inversiones realizadas para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito. Sin embargo, ajustamos nuestros acuerdos para cumplir con la sentencia inicial en 2018 y seguimos centrados en la innovación continua y la apertura para nuestros usuarios, socios y desarrolladores”, señaló.