La Cámara de Senadores de la Nación vivió una jornada clave en la discusión sobre la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad en la Argentina. Durante el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el bloque oficialista decidió retirar de manera formal el capítulo que buscaba flexibilizar la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), ante la imposibilidad de reunir los votos necesarios para su aprobación.
La resistencia planteada por bloques opositores y senadores alineados con gobernadores provinciales
—preocupados por el impacto en zonas de frontera y áreas con recursos naturales estratégicos— derivó en la eliminación de los artículos que pretendían elevar o eliminar los topes a la venta de campos a titulares extranjeros.
Qué pasa ahora con la venta de campos a extranjeros
Con este freno parlamentario, la legislación vigente no sufre modificaciones. La Ley N° 26.737 continúa plenamente aplicada en todo el territorio nacional, manteniendo sus principales ejes restrictivos:
- Tope general del 15%: Se conserva el límite máximo del 15% para la titularidad de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, aplicado tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
- Límite por nacionalidad: Ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese cupo del 15%.
- Restricción de superficie: Se mantiene el tope de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo productiva (o su equivalente en el resto de las provincias).
- Protección de recursos: Continúa la prohibición absoluta de vender a extranjeros tierras que contengan o limiten con cuerpos de agua permanentes y de envergadura, así como terrenos ubicados en zonas de seguridad de frontera.
En paralelo, la derogación que se había intentado mediante el DNU 70/2023 permanece suspendida por medidas cautelares en la justicia, a la espera de un pronunciamiento definitivo por parte de la Corte Suprema de Justicia.
El recorrido del proyecto en la Cámara de Diputados
Aunque el capítulo de tierras quedó descartado, el resto del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo la aprobación del Senado y pasó a la Cámara de Diputados en segunda revisión.
Los puntos que continúan en carrera legislativa abordan tres reformas centrales:
- Agilización de desalojos: Se proponen mecanismos procesales más veloces para la restitución de inmuebles en casos de usurpación o tomas ilegales.
- Revisión del régimen de expropiaciones: Se buscan endurecer los requisitos y las justificaciones del Estado a la hora de declarar la utilidad pública de un bien privado.
- Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego: Se debaten cambios en las restricciones de uso productivo sobre campos o terrenos que hayan sufrido incendios.
La Cámara Baja tendrá la responsabilidad de definir si acepta las modificaciones enviadas por el Senado para convertir la norma en ley, o si intenta insistir en el texto original. Por el momento, el marco legal para la compra y administración de campos en la Argentina mantiene los criterios de soberanía territorial establecidos en 2011.