El candidato a gobernador por el Partido Justicialista, Tincho Ascúa, presentó una denuncia por peculado contra el gobernador Gustavo Valdés, a quien acusa de utilizar recursos estatales para avanzar en una querella personal contra él. La denuncia fue formalizada ante la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) de la justicia provincial y pone en el centro del debate el uso de funcionarios públicos en causas que, según Ascúa, corresponden a asuntos personales del mandatario.
USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA UNA QUERELLA PERSONALEl conflicto surge a raíz de una publicación en redes sociales realizada por Ascúa, en la que pregunta por el paradero de Loan, generando una demanda por supuestas injurias interpuesta por Valdés. La querella fue presentada ante un juez sustituto y, según la denuncia, el gobernador habría dispuesto que el Escribano Mayor de Gobierno y el Fiscal de Estado intervengan en el proceso, utilizando así personal y recursos públicos para una causa que afecta exclusivamente su honor personal y no al Estado.
En la presentación judicial, Valdés sostiene que el reel publicado por Ascúa tuvo numerosas reproducciones y reacciones, y que el contenido contiene ofensas directas contra su honor, justificando así la acción legal. Sin embargo, Ascúa cuestiona que para este fin se haya recurrido a funcionarios estatales en lugar de contratar un abogado particular, lo que califica como un uso indebido de la administración pública.
DECLARACIONES DEL CANDIDATO JUSTICIALISTATincho Ascúa fue contundente al describir la situación: “En lugar de contratar a un abogado, le pidió a un empleado público que me denuncie”. Además, acusó al gobernador de “usar a funcionarios públicos como si fuesen empleados de su estancia”, subrayando que esta práctica no solo es irregular, sino que afecta a todos los correntinos que financian el Estado.
Ascúa remarcó que “si tanto te molesta que te pregunte dónde está Loan, al menos pagá un abogado, no hagas que los correntinos lo tengan que pagar”. En este sentido, señaló que la justicia no debe ser utilizada como un mecanismo para perseguir opositores políticos y que el uso de recursos estatales para fines personales genera una situación de inequidad y abuso.
Finalmente, el candidato justicialista aseguró que, de llegar a la gobernación, dará un giro a esta práctica: “Como gobernador, los empleados públicos van a trabajar para la gente y no serán usados para perseguir a ciudadanos que se atreven a decir la verdad”. Esta frase resume su compromiso de transparencia y respeto a los recursos públicos.
IMPLICANCIAS POLÍTICAS Y JUDICIALESLa denuncia de Ascúa abre una nueva tensión en la campaña electoral provincial, donde se enfrentan directamente el actual gobernador y el principal candidato opositor. Además de lo político, el caso pone en discusión aspectos legales y éticos sobre el uso del aparato estatal y el respeto a la autonomía de los cargos públicos.
El expediente será analizado por la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos, que deberá determinar si existe o no un delito de peculado y si se configuró un uso indebido de fondos y recursos públicos en la acción judicial promovida por Valdés. Mientras tanto, el debate continúa en el ámbito político y mediático, con fuertes repercusiones en la opinión pública.
En un contexto electoral ya complejo, este episodio representa un capítulo más en la confrontación entre los principales actores políticos de Corrientes, quienes buscan posicionarse a semanas de la elección con posturas que tensionan el debate público y la gestión estatal.
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